Comillas participa en el Plan de Acción para garantizar que el nivel de ingresos, la edad, el género o el lugar de residencia no sean barreras para la movilidad sostenible

La falta de alternativas de transporte limita el ejercicio de derechos fundamentales como el trabajo, la sanidad, la educación o los cuidados y afecta en España a entre 1,8 y 6,9 millones de personas, como muestra el informe. Actualmente, un 26,3% de la población carece de un servicio público de transporte que sea útil, una cifra que escala hasta el 53,3% en el medio rural. Esta brecha de disponibilidad, ocho veces superior a la urbana, aboca a una de cada diez personas a la «propiedad forzosa» del vehículo privado. A esto se suma el impacto de la crisis de la vivienda, que desplaza a las familias vulnerables hacia coronas periurbanas mal conectadas donde 2,9 millones de personas sufren la doble vulnerabilidad de bajos ingresos y altos costes de transporte.

Para transformar este diagnóstico en soluciones reales sobre el territorio, el documento sintetiza los resultados de un taller participativo celebrado el 5 de mayo de 2026 en la Universidad Pontificia Comillas. En el encuentro, 36 especialistas procedentes de la administración pública, la universidad, ONG sociales y ambientales, sindicatos, organizaciones de consumidores y el sector empresarial consensuaron 31 medidas prioritarias. Una batería de soluciones que nutran la futura Estrategia Estatal coincidiendo con la fase concluida de diagnóstico impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y cuando se espera que comience la fase de diseño de las medidas concretas. 

CLAVES DEL DOCUMENTO

 1. Vinculación por ley de la planificación urbanística a la del transporte público, de modo que las nuevas promociones residenciales y polígonos industriales cuenten con oferta de transporte público garantizada desde su inicio. Asimismo, plantean reducir la necesidad de desplazamientos acercando los servicios esenciales -sanidad, educación, empleo- a distancias y tiempos razonables mediante centros de proximidad en áreas rurales y barrios periféricos y la prestación descentralizada de servicios.

 2. Ampliar el Abono Único hacia un billete social y climático, un sistema de tarificación progresiva, bonificado o gratuito para hogares vulnerables, aplicable en toda la red pública y en el transporte a demanda en las zonas donde así sea necesario por la falta de alternativas., así como ampliar e incluir en el Abono Único todos los sistemas de transporte público locales, regionales y estatales.

 3. Establecer una garantía de movilidad con estándares mínimos vinculantes de frecuencia, cobertura y horarios por tipo de territorio, incluyendo Obligaciones de Servicio Público (OSP). Esta medida se complementa con el despliegue de transporte a la demanda integrado (y de movilidad compartida) con la red regular en zonas rurales, periurbanas y horarios nocturnos, apoyado en flotas públicas ya existentes (escolares, sanitarias, sociales) y en la colaboración con cooperativas y comunidades energéticas locales, complementadas con programas de leasing social de vehículos 100% eléctricos para rentas bajas.

 4. Blindar la accesibilidad universal mediante un Fondo Estatal en municipios de menos de 50.000 habitantes y la obligación legal de mantener canales analógicos de atención presencial, telefónica y billete físico para evitar la exclusión de personas afectadas por la brecha digital. 

Para sostener estas medidas, las entidades reclaman destinar los ingresos del ETS2 y del Fondo Social para el Clima a la movilidad pública, garantizando además una partida propia en los Presupuestos Generales del Estado. Tras el cierre de las consultas del Plan Social para el Clima, la transposición del ETS2 y la consulta pública de la propia Estrategia, el Ejecutivo afronta una fase clave. Aunque la Ley de Movilidad Sostenible fija como fecha límite finales de 2027 para la aprobación definitiva del documento, los plazos reales son ajustados para sincronizar los fondos climáticos. Las entidades señalan que este margen debe aprovecharse para articular un diseño normativo y presupuestario robusto que evite medidas coyunturales o parches estéticos.