Stablecoins bajo lupa: la EBA refuerza el control normativo

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha determinado que la aplicación del reglamento MiCA, si bien supone un avance significativo en el control de los servicios de inversión descentralizados (DeFi), no basta para permitir que un proveedor de servicios cripto opere con stablecoins vinculadas a pagos. Concretamente, las empresas que faciliten operaciones con e-money tokens (stablecoins) necesitarán además una autorización como entidad de dinero electrónico o proveedor de servicios de pago, conforme a los regímenes establecidos por la PSD2 o la Directiva de Dinero Electrónico. Estas entidades cuentan con un plazo hasta el 2 de marzo de 2026 para obtener dicha licencia adicional.

Este enfoque representa una hibridación normativo-estructural entre el ecosistema bancario tradicional y el mundo cripto. Aunque MiCA se concibió como un marco integral para criptoactivos, la necesidad de licencias adicionales redefine a las stablecoins como instrumentos híbridos: actúan como medios de pago, pero están sujetos a supervisión regulatoria clásica del mercado de capitales. De forma concreta, esta doble exigencia podría generar una barrera significativa para plataformas nativas Web3 sin respaldo institucional sólido del sistema financiero tradicionalmente centralizado.

Jurídicamente, se consolida el principio regulatorio “same activity, same risk, same rules”. Sin embargo, en la práctica, se favorece una recentralización operativa en torno a entidades financieras ya establecidas (con control centralizado de las finanzas descentralizadas, a través de plataformas DeFi CEX), lo que puede marginar la innovación disruptiva de ciertos operadores DeFi, especialmente los creadores de plataformas descentralizadas (DeFi DEX) desvinculadas de los circuitos consolidados de banca de inversión.

Desde la perspectiva del consumidor y la estabilidad financiera, esta medida aporta ventajas claras: mayor supervisión, transparencia y protección frente a riesgos sistémicos. No obstante, también altera dramáticamente la visión híbrida del ecosistema cripto al habilitar solo a actores con capacidad regulatoria consolidada en la operativa de pagos.

Además, la política regulatoria revela una clara voluntad de fortalecer la soberanía monetaria digital y reducir el impacto de actores no tradicionales en la cadena de custodia financiera, redefiniendo quién puede operar in situ en este nuevo paradigma.

El futuro operativo de las stablecoins en Europa dependerá mucho más de la capacidad institucional de las plataformas para cumplir con exigencias regulatorias que de su innovación tecnológica intrínseca.