La AEPD traza su estrategia frente al riesgo algorítmico
Una consulta pública busca equilibrar innovación tecnológica y protección de derechos fundamentales en inteligencia artificial y big data.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado la elaboración de un plan estratégico para afrontar los desafíos jurídicos que plantea la inteligencia artificial. El anuncio se produjo durante el I Encuentro de Derecho Digital organizado por la Sección TIC del Colegio de Abogados de Madrid, donde se subrayó la necesidad de anticiparse a los efectos regulatorios de tecnologías como el big data, el aprendizaje automático y los sistemas de decisión automatizada.
La hoja de ruta de la AEPD se construirá mediante una consulta pública abierta a operadores jurídicos, entidades tecnológicas y representantes de la sociedad civil. Esta metodología participativa refleja un giro hacia modelos de gobernanza algorítmica más inclusivos, alineados con principios como la legalidad, la responsabilidad proactiva y la rendición de cuentas.
La iniciativa se inscribe en un contexto europeo marcado por el desarrollo del Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act), que establece obligaciones para sistemas de alto riesgo, incluidos aquellos utilizados por administraciones públicas y entidades privadas que tratan datos sensibles. La interacción entre este marco normativo y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) exige una actualización interpretativa de principios como la minimización de datos, la transparencia y la explicabilidad.
La consulta pública de la AEPD también permite visibilizar un reto normativo clave: diseñar reglas que permitan el desarrollo responsable del big data sin debilitar la protección de derechos fundamentales. La agencia, al abrir este proceso, no solo anticipa su futura agenda regulatoria, sino que promueve un enfoque colaborativo en la definición de estándares éticos y jurídicos para la era algorítmica.
Iniciativas como esta refuerzan el papel de los reguladores como garantes de un equilibrio normativo justo, donde la transformación digital no implique una erosión de garantías constitucionales.
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