España, a la vanguardia en protección de menores de edad

En 2010 el Comité de Derechos del Niño recomendó a España que aprobase “una ley integral sobre la violencia contra los niños, parecida a la relativa a la violencia sexista y doméstica, que garantice la reparación de sus derechos y unas normas de atención mínimas en las diferentes comunidades autónomas”. Desde entonces (2014) se constituyó una Subcomisión en el Congreso de los Diputados y se reunieron grupos de expertos para estudiar el problema de la violencia contra la infancia en España, que fueron haciendo reflexiones y aportaciones para el diseño de una ley.

Esa Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia se acaba de aprobar y es un texto en el que la universidad, a través de la Cátedra Santander de Derechos del Niño, ha estado involucrada desde el primer momento. Según Clara Martínez, directora de la cátedra, para España supone mucho más que cumplir con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño. “Representa una mejora cualitativa en la garantía de los derechos del niño porque incorpora plenamente el necesario enfoque de derechos en el diseño de la respuesta normativa e institucional, y acoge la protección integral, plenamente alineado con los estándares internacionales”.

¿Y qué supone esta Ley para la Cátedra Santander de Derechos del Niño? “Para la cátedra es una satisfacción haber podido contribuir con nuestra actividad académica a lo que consideramos que es un acontecimiento del que todos podemos felicitarnos. La investigación y transferencia que hemos promovido desde la Cátedra en violencia contra la infancia fructifican ahora en algo real, útil y positivo para la sociedad, en particular para personas que requieren una especial protección. Con todo, no es un punto de llegada, sino un hito en un camino en el que ahora hay que seguir trabajando, profundizando y acompañando en el desarrollo e implementación de la ley, con el buen trato y el enfoque de derechos del niño en la base de todo ello”.

Con todo, España se coloca en la senda del cumplimiento de la meta 2 del ODS 16: poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños. España se sitúa a la vanguardia en la protección y garantía de los derechos del niño y la infancia, “está un poco más y mejor protegida no solo por recibir atención y reparación cuando sufre daño, abuso o maltrato, sino, sobre todo, porque se refuerza la prevención y se promocionan los entornos seguros y el buen trato a la infancia”, según la directora de la cátedra de Comillas

Lo más destacado de la Ley

Martínez destaca varios aspectos de la Ley a los que hay que prestar atención y en los que ha colaborado la universidad:

1. Contiene una amplia definición de violencia, acorde con los estándares internacionales, e incluso yendo más allá al dar una relevancia grande a la violencia ejercida mediante el uso de las TIC
2. Promueve el buen trato a la infancia y prohíbe explícitamente toda forma de violencia contra ella
3. Impone la colaboración, la cooperación y la coordinación de todas las administraciones, con el sector empresarial y con la sociedad civil.
4. Centra la respuesta frente a la violencia en la prevención. Para ello contempla medidas y actuaciones de carácter preventivo en distintos ámbitos: familiar, educativo, sanitario, servicios sociales, deportivo y de ocio, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, medios de comunicación y TIC.
5. El fortalecimiento y capacitación de las familias mediante actuaciones para apoyar un ejercicio positivo de la parentalidad y la creación de figuras protectoras en entornos de protección, como las escuelas o los centros deportivos.
6. Apela al compromiso de las empresas para respetar y proteger los derechos del niño, singularmente las tecnológicas.
7. Amplia el tiempo a partir del cual comienza el plazo de prescripción para denunciar delitos de abusos sexuales contra personas menores de edad
8. Explicita medidas concretas para garantizar que determinados ámbitos y espacios son seguros para los niños
9. Anticipa una reforma de los órganos judiciales penales y civiles, así como del Ministerio Fiscal, para adaptarlos a las exigencias de la nueva ley, que deberá presentar el Gobierno en el plazo de un año