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El Consejo de Ministros adoptó el pasado viernes el Real Decreto-Ley 15/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueban las medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional.

Mediante la aprobación del presente Decreto, el Ejecutivo dota al artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010) una interpretación que explicite que la modificación del domicilio social será de competencia del Órgano de Administración, siempre que el traslado se realice dentro del territorio nacional.

Esta interpretación restrictiva de la LSC tiene como base la anterior modificación realizada en la disposición final 1.1 de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, que ya en su momento cambió la redacción del artículo 285 LSC, cambiando el ámbito de aplicación de dicho precepto del territorio municipal al territorio nacional.

Frente a la regla general anteriormente citada, el presente Decreto permite a las sociedades la no atribución de esas competencias al Órgano de Administración a través de una modificación de los estatutos sociales posterior a la aprobación del Real Decreto-Ley, donde se establezca dicha competencia como exclusiva de la Junta General de Socios o Accionistas. Es por esto que, salvo que los estatutos sociales vigentes establezcan explícitamente lo contrario, desde la aprobación del presente Decreto-Ley, la competencia para la modificación del domicilio social será propia del órgano administrativo.

El Ejecutivo justifica la aprobación del presente Decreto basándose en la necesidad de garantizar la libertad de empresa y de establecimiento, consagrados en los artículos 38 y 139 de la Constitución Española, para defender la unidad de mercado, y atendiendo al especial incremento de los movimientos societarios que se vienen realizando en el último trimestre de los ejercicios económicos.

Para acceder al documento: https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11501.pdf