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Se estima el recurso interpuesto por una S.L. ante la negativa de la Registradora Mercantil y de Bienes Muebles de Toledo a realizar la inscripción de elevación a público de acuerdos de disolución y liquidación. 

El único punto que se trata en esta Resolución es si la sociedad ha de cumplir o no con los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/1999, de 5 noviembre, de Ordenación de la Edificación, tratándose de una sociedad cuyo objeto es la prestación de servicios de transporte por carretera, por lo que, según argumenta la recurrente, “la sociedad está fuera del ámbito de aplicación”, siendo por ello improcedente la desestimación realizada por la Registradora de Toledo.

La Dirección reconoce que el objeto social no supone un límite a las actividades que puedan desarrollar posteriormente los administradores de la sociedad, pero sí fija el ámbito de actuación de dicho empresario. Sin embargo, también considera que, aunque el objeto mercantil de la sociedad no limita la promoción de otro tipo de actividades, no por ello se puede extrapolar la aplicación de las limitaciones del art. 20.2 de la Ley 38/1999 a cualquier tipo de sociedad que realice las actividades incluidas en su ámbito material.
Por todo esto, considera que únicamente se podrá aplicar estos requisitos a los empresarios, sean sociales o individuales, siempre que su objeto social comprenda actividades de promoción, en los términos estrictamente estipulados por la propia Ley 38/1999.

Para acceder al documento: https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/04/pdfs/BOE-A-2017-9278.pdf