Una experta sobre infancia de Comillas comparece en el Congreso

La Cátedra Santander de los Derechos del Niño de Comillas ICADE se ha convertido en el máximo referente en España en protección de los menores. Por esa razón, Clara Martínez, su directora, compareció a finales de septiembre en calidad de experta en derechos del niño en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Congreso de los Diputados.

Martínez se centró en la situación general de la infancia en España y, específicamente, en el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que actualmente está en tramitación en el Congreso y cuya aprobación se espera para principios del próximo año.

El proyecto de ley pone el acento en la prevención de la violencia y en el principio del buen trato a la infancia, como ejes vertebradores de la respuesta frente a esta lacra que presenta diversas formas y se da en todos los ámbitos de la vida de miles de niños (en la escuela, la familia, la comunidad, las redes sociales, el ámbito deportivo, de ocio y tiempo libre...). Martínez también destacó “la importancia que el proyecto de ley da a la prevención en el ámbito de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y primer y principal factor de protección de los niños, especialmente mediante la incorporación de las recomendaciones del Consejo de Europa sobre ejercicio positivo de la parentalidad”.

Los miembros de la Comisión valoraron especialmente la participación de los académicos en la elaboración de la ley –varias profesoras de la cátedra han trabajado en las bases de este proyecto de ley orgánica– y subrayaron la implicación de las instituciones de educación superior en la lucha para la erradicación de la violencia contra la infancia, tal como contempla el proyecto de ley.

Este texto será el primero que a nivel mundial en recoger de manera integral los estándares internacionales en la materia, fijados por el Comité de Derechos del Niño y el Consejo de Europa, principalmente, por lo que podrá ser un referente para la legislación de otros países.

“Los poderes públicos tienen la obligación de promover este texto legal a la vista de la insuficiencia en esta materia de la legislación vigente, más bien reactiva y punitiva, para contar con un marco de actuación que aborde las causas de la violencia contra la infancia”, solicitó. Así se viene solicitando desde Naciones Unidas, cuyos documentos afirman que ninguna forma de violencia contra la infancia es admisible y que siempre se puede prevenir. “Asumir legalmente estos planteamientos no solo supone cumplir con las exigencias de la Convención sobre los Derechos del Niño y con la recomendación que el Comité hizo a España en 2010, sino también avanzar hacia la meta 2 del ODS 16:  poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños”, zanjó la directora de la cátedra.