Trump institucionaliza Bitcoin como activo estratégico
📝 La orden ejecutiva de Trump consolida el estatus del Bitcoin como activo de interés nacional y redefine el marco jurídico de las criptomonedas.
En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para establecer una reserva estratégica de Bitcoin bajo control estatal. Según lo anunciado, esta medida utilizará tokens que ya forman parte del patrimonio del gobierno federal, sin nuevas adquisiciones inmediatas en el mercado abierto. La decisión se acompaña de la creación de un cargo específico en la Casa Blanca para supervisar las políticas relacionadas con criptoactivos, bajo el título de “Crypto Czar”.
Esta acción representa un punto de inflexión en la relación entre las criptomonedas y el poder institucional. Hasta hace poco, los activos digitales eran considerados por muchos gobiernos como herramientas especulativas o riesgos financieros incontrolables. La formalización de una reserva estratégica no solo constituye un reconocimiento de su valor económico, sino también de su relevancia geopolítica en el contexto de competencia monetaria global.
Desde una perspectiva jurídica y monetaria, la iniciativa de Trump puede interpretarse como una forma emergente de legitimación estatal del Bitcoin, que adquiere una dimensión cuasi soberana sin llegar a desplazar al dólar. El precedente podría motivar a otras potencias a desarrollar estrategias similares, reforzando la transición hacia una arquitectura financiera híbrida entre lo estatal y lo descentralizado.
Además, este movimiento plantea interrogantes sobre el rol de los bancos centrales, la estabilidad del sistema monetario internacional y el equilibrio entre regulación y soberanía digital. Aunque los riesgos de volatilidad, manipulación o concentración de poder no desaparecen, la institucionalización de criptomonedas dentro de la lógica estatal transforma el paradigma dominante. En línea con lo sostenido por Lawrence Lessig, las arquitecturas tecnológicas, una vez incorporadas por el Estado, se convierten en vehículos de normatividad. El caso estadounidense marca así una nueva etapa en la política monetaria digital, con implicaciones jurídicas que podrían extenderse a otras jurisdicciones, incluida la Unión Europea.
Referencias
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