Repensando las políticas públicas sobre prostitución desde los derechos y la evidencia

¿Son eficaces las políticas que buscan combatir la prostitución a través de la prohibición y las sanciones? Esta es una de las preguntas que plantea “Prostitución y criminalización: perspectivas multidisciplinarias y voces en diálogo”, una obra coordinada por los profesores de la Universidad Pontificia Comillas Carmen Meneses y Sebastián Mora, que reúne aportaciones académicas y experiencias internacionales para analizar los efectos de los distintos modelos de intervención pública sobre la prostitución.

El libro, editado por Publicaciones Comillas, sostiene que la criminalización, por sí sola, no logra acabar con la prostitución y puede incluso agravar la situación de las personas que la ejercen. Entre sus principales conclusiones señala que las políticas punitivas desplazan esta actividad hacia espacios más clandestinos y menos seguros, dificultando la protección de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y aumentando los riesgos de exclusión social.

“La evidencia nos muestra que las respuestas basadas exclusivamente en la sanción no eliminan la prostitución y, en muchos casos, incrementan la vulnerabilidad de las personas afectadas”, explica Meneses, quien subraya la importancia de construir políticas públicas fundamentadas en el conocimiento científico y no únicamente en posicionamientos ideológicos.

Para Sebastián Mora, el principal reto pasa por situar a las personas en el centro del debate: “Las políticas públicas serán más eficaces cuando incorporen la escucha de las personas afectadas y ofrezcan alternativas reales en ámbitos como el empleo, la vivienda o la protección social”. En este sentido, el libro invita a superar la polarización que suele acompañar esta cuestión y a construir respuestas apoyadas en la evidencia, la dignidad humana y la defensa de los derechos.

La investigación advierte también de que el estigma asociado a la prostitución constituye una importante barrera para el ejercicio de derechos fundamentales. El miedo a la identificación, las sanciones o las consecuencias administrativas puede dificultar el acceso a servicios sanitarios, recursos sociales o mecanismos de protección frente a situaciones de violencia y abuso. Asimismo, los autores consideran fundamental diferenciar entre prostitución, trata y explotación sexual, ya que abordar estas realidades como si fueran fenómenos idénticos puede conducir a diagnósticos incompletos y respuestas menos eficaces.

El análisis incorpora experiencias internacionales que muestran tanto las limitaciones de algunos modelos de regulación como los resultados obtenidos en países que han optado por enfoques más centrados en los derechos y la despenalización. En todos los casos, la obra insiste en que la prostitución no puede entenderse al margen de factores estructurales como la pobreza, la desigualdad de género, la precariedad laboral o las condiciones migratorias.