¿Qué retos plantea la nueva Ley de Mercados Digitales?
El Observatorio Gonzalo Jiménez-Blanco Ashurst-ICADE organizó su segundo seminario para tratar cómo afecta la aplicación de la nueva normativa europea sobre mercados digitales
Inauguración de la jornada
14 de noviembre de 2023
El Observatorio Gonzalo Jiménez-Blanco Ashurst-ICADE organizó su segundo seminario, en esta ocasión sobre la "Digital Markets Act -DMA- o Ley de Mercados Digitales" de la Unión Europea, que se celebró en formato híbrido (presencial y online).
El director del Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE), Antonio Alonso Timón, fue el encargado de dar la bienvenida e introducir el seminario en el que se abordaran los retos que se plantean en esta nueva fase de aplicación de la DMA, desde una perspectiva multidisciplinar, con ponentes de las instituciones encargadas de su aplicación, de las empresas directamente afectadas, y especialistas en los distintos ámbitos jurídicos implicados.
La DMA es la respuesta europea a la creciente importancia de la denominada economía de las plataformas. Esta nueva regulación dota de herramientas innovadoras a las autoridades, muy particularmente a la Comisión Europea, para asegurar que los mercados digitales funcionan de manera justa y abierta, y plantea desafíos y oportunidades interesantes a los operadores económicos afectados, tanto a las plataformas en línea que actúan como "guardianes de acceso", como a las empresas y los consumidores interesados en su aplicación.
El pasado 6 de septiembre, la CE designó a los seis primeros guardianes de acceso o gatekeepers, afectando a un total de 22 servicios básicos de plataforma, y anunció cuatro investigaciones de mercado para valorar nuevas designaciones. Esto supone que las empresas afectadas, tanto los guardianes de acceso como las empresas que compiten o colaboran con ellos, disponen de 6 meses para definir cómo se van a cumplir las obligaciones que impone la DMA.
El observatorio se creó, precisamente, con la intención de analizar rigurosamente las tendencias normativas más relevantes y promover una colaboración activa entre el sector público y el privado.
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