Regulación de los conflictos de interés y las operaciones vinculadas

El pasado 12 de febrero, la Cátedra Garrigues de Modernización del Derecho de Sociedades del CID-ICADE, debatió sobre los conflictos de interés y las operaciones vinculadas en su segunda jornada del ciclo dedicado a realizar una aproximación crítica al anteproyecto de ley de transposición de la directiva sobre implicación de accionistas a largo plazo. En esta sesión se debatieron temas de interesantísimo calado como la inabarcable definición de parte vinculada y su problemática práctica de identificación, el concepto de operación vinculada y la remisión a la normativa contable, las diferencias en las excepciones a la aplicación del régimen en la Directiva y nuestra Ley y la pertinencia de la intervención de la parte vinculada en el proceso de deliberación y/o en la adopción del acuerdo. 

La jornada comenzó con la bienvenida del decano de la Facultad de Derecho (Comillas ICADE), Íñigo Navarro Mendizábal, quien recordó la utilitas, humanitas y iustitia de estas jornadas, valores coincidentes con los más elevados de nuestra Universidad, que atienden a ser útiles a la sociedad, tener en cuenta a la persona y buscar lo más justo. Asimismo, hizo hincapié en el esfuerzo híbrido que realizan la universidad y el despacho Garrigues para contribuir al constante debate que genera el Derecho de Sociedades. 

El inicio del análisis temático corrió a cargo Segismundo Álvarez Royo-Vilanova, notario de Madrid y doctor en derecho, quien dedicó su turno a la parte subjetiva de las operaciones vinculadas y cómo es abordada por la directiva. En líneas generales, señaló que lo hace tratando de garantizar la transparencia, la equidad y la independencia. No obstante, el ponente también criticó el hecho de que ni el concepto de operaciones con partes vinculadas ni el propio de parte vinculada estuviesen definidos en la Directiva europea ni en el Anteproyecto de transposición, que simplemente realiza una remisión a la normativa internacional contable. Todo esto supone un grave problema de base en la sistemática de la Directiva, ya que, por una parte, las normas combinan el detalle y la prolijidad de las reglas con la indefinición de los standards y, por otra parte, las normas internacionales de contabilidad persiguen que la contabilidad refleje una imagen fiel mientras que el Derecho mercantil busca evitar el conflicto de intereses. 

A continuación, Nuria Latorre Chiner, profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia continuó con el debate afirmando que la dinámica de los negocios y el procedimentalismo que se ha establecido para el control de las operaciones vinculadas son características de naturaleza totalmente opuesta. Por este motivo se ha generado una necesidad de encontrar un equilibrio entre el riesgo de daño a la sociedad y el coste de controlar dicho riesgo. Para solventar esta situación la directiva y sus transposiciones se han servido de los llamados umbrales de relevancia. Para estudiar este término, trató la interrelación de tres conceptos determinantes de la delimitación de lo controlable recogidos en la directiva: la transacción, relevancia y revisión del listado de exclusiones definido por la regla de minimis. Este último concepto supone un problema en tanto en cuanto interrelaciona un criterio cuantitativo y otro cualitativo descoordinado con el establecido en la norma nacional que provoca un limbo para determinadas operaciones. Para resolver este problema, la ponente propuso una solución: eliminar el criterio cuantitativo de la regla de minimis, como han hecho el resto de Estados, mediante la exclusión de las operaciones ordinarias y celebradas en condiciones de mercado. 

En tercer lugar, Pedro Portellano Díez, catedrático Acreditado de Derecho Mercantil y Of Counsel de Garrigues señaló que para entender el enorme debate que ha suscitado el procedimiento de aprobación de las operaciones vinculadas, éste debe ser dos ejes. En primer lugar, la sorpresa que suscitó en muchos inversores extranjeros la Ley 31/2014, mediante la que se introdujo la regulación dentro del marco de los conflictos de intereses de las operaciones vinculadas (algo que ya ocurría en otros Estados). Y, en segundo lugar, la variedad de interpretaciones doctrinales acerca de la protección de conflictos de interés. Además, el ponente quiso poner de manifiesto que en España no está en peligro la subsistencia de los grupos de sociedades.

Por último, Eduardo Manso Ponte, director del Departamento de Informes Financieros y Corporativos de la CNMV, centró su análisis en la transparencia, publicidad y control de las operaciones vinculadas. Para ello comenzó señalando cuál es el régimen actual y cuál será el cambio en el régimen, que supondrá la aprobación del anteproyecto. Asimismo, señaló que el mientras la directiva considera el reglamento de abuso de mercado, la directiva se olvida de hacer una referencia.

La jornada terminó con un coloquio en el que los asistentes plantearon distintas cuestiones a los ponentes relativas a la necesidad de la regulación, al momento y margen de transposición de la directiva y al incremento de las obligaciones de transparencia. La última jornada de este ciclo tendrá lugar el 11 de marzo.