Las redes eléctricas, claves para una Europa competitiva y sostenible

Tras la inauguración por parte de Mariano Ventosa, vicerrector de Investigación y Profesorado de la Universidad Pontificia Comillas, y de María Fernández, expresidenta de la CNMC y consultora principal de Etalia, quienes pusieron sobre la mesa los retos de las redes eléctricas, la jornada continúo con varias mesas redondas.

Durante la primera mesa redonda, moderada por Jaime Almenar, socio de Clifford Chance, se debatió sobre la necesidad de una mayor inversión en las redes eléctricas como eje para la transición hacia una economía más verde y sostenible. La mesa contó con la participación de Paloma Martínez-Lage, socia de Corporate Affairs & Regulatory de Baker McKenzie, Savannah Altvater, head os Distribution & market Facilitation Team de Euroelectric, José Giménez, socio director de Linklaters, y Antonio Hernández, socio de EY y exdirector general de política energética.

Entre alguna de las conclusiones extraídas, los expertos destacaron la importancia de las redes eléctricas para lograr la descarbonización, ya que sin ellas la transición verde no es posible. Además, subrayaron que el desarrollo de las redes eficientes facilita que energías renovables asequibles lleguen a fábricas e industrias, representando una gran oportunidad económica. En el ámbito social, el desarrollo de estas infraestructuras también permitirá el acceso a energía limpia, segura y asequible para los hogares, combatiendo la pobreza energética y mejorando la eficiencia.

Según informes de la Agencia Internacional de la Energía y de la Comisión Europea, es necesario duplicar el ritmo de inversión actual en redes para lograr los objetivos energéticos. Por cada euro invertido en renovables, debe invertirse otro en redes, asegurando su crecimiento al mismo ritmo.

Acciones y cambios demandados

Se destacó la necesidad de un cambio en la mentalidad del regulador para maximizar el beneficio social y fomentar una planificación de redes a largo plazo que permita atender las necesidades de la industria. Las inversiones anticipadas en infraestructura eléctrica deben ser incentivadas, y es crucial mejorar la resiliencia de las redes ante el cambio climático. Asimismo, se enfatizó la importancia de flexibilizar los procesos de conexión y mejorar el acceso a financiación pública, promoviendo la electrificación de la economía.

Finalmente, los ponentes señalaron la necesidad de atraer talento al sector de redes eléctricas, dada la competencia con otros sectores que pueden parecer más atractivos a priori como las renovables.

Retos en España: necesidad de reformas estructurales

En la segunda mesa de la jornada, moderada por Juan José Lavilla, director del Observatorio de Derecho de la Energía (ODE), se abordaron los desafíos específicos a los que se enfrentan las redes eléctricas en España. Junto con el director del ODE participaron Jorge Sanz, director de NERA Consulting, Marina Serrano, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), Mariano Bacigalupo, consejero de la CNMV; y Antonio Jiménez-Blanco, counsel de A&O Shearman, quienes señalaron, entre otras cosas, que la creciente demanda de electrificación en el sector industrial español se enfrenta a dos obstáculos clave: la falta de capacidad de la red de distribución y el coste.

Así, expusieron como durante los últimos cuatro años, los distribuidores se han visto obligados a rechazar solicitudes de acceso por un total de 30 GW, lo que ha generado graves dificultades para las grandes empresas consumidoras de electricidad.

Los ponentes aseguraron que es urgente reformar la normativa para permitir inversiones anticipadas y facilitar la conexión de nuevos proyectos industriales y energéticos. En este aspecto, los expertos coincidieron en que, a pesar de las recomendaciones del “Action Plan for Grids” de la UE, la normativa española no permite realizar inversiones anticipadas, lo que limita el potencial de crecimiento de la red. Además, coincidieron en afirmar que en el entorno actual de transformación estructural del sector es necesario eliminar el ya caduco límite de inversión en redes, y así poder aprovechar plenamente las nuevas oportunidades industriales y económicas que la transición energética representa para España. En este sentido, destacaron la necesidad de garantizar un marco regulatorio claro y predecible, que ofrezca seguridad jurídica a los inversores, junto con una retribución financiera razonable al contexto anual, que  permita la modernización de la red eléctrica en España. .

También hablaron sobre la aprobación de las Modificaciones de Aspectos Puntuales de la Planificación de la red de Transporte, (MAP) en abril de 2023 que, si bien abordó parcialmente el problema, dejó fuera el 95% de las solicitudes de las distribuidoras para proyectos industriales futuros. Esto ha suscitado, como apuntaron, preocupaciones sobre la discriminación en el proceso y ha puesto de relieve la necesidad de reformas que faciliten una mayor capacidad de distribución. Así, plantearon la necesidad urgente de transponer a la regulación española los “Planes de Desarrollo de la Red de Distribución – DNDP”, establecidos en el artículo 32 de la Directiva de la UE 2019/944, y que representan un proceso transparente y colaborativo con un horizonte de inversión de 5 a 10 años.

La jornada sirvió para subrayar que el futuro energético de España y Europa depende de redes eléctricas sólidas, resilientes y bien planificadas. Las inversiones en infraestructura, una regulación favorable y la colaboración entre actores clave del sector serán fundamentales para que la transición energética sea una realidad competitiva y justa para todos.