La pandemia obligará a modificar leyes

La pandemia ha dejado clara una cosa: que muchas de las normas previstas para situaciones ordinarias no deberían ser de aplicación en situaciones extraordinarias como la provocada por la Covid-19. “El virus supone un reto para el Derecho: esta pandemia provocará cambios en el derecho público y en el privado en relación con la empresa y con la economía”, como dejó claro Paulino Fajardo, profesor del área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho (Comillas ICADE), durante la celebración de la jornada “Covid vs Derecho: un reto”.

Fajardo fue el moderador de un encuentro retransmitido en streaming al que asistieron profesionales y juristas de reconocido prestigio. Una de ellas fue Belén Alonso-Olea, letrada de la Administración de la Seguridad Social, quien insistió en que la atención en centros de la tercera edad, en los que incidió la pandemia con especial virulencia durante la primera ola, “tiene que ser sanitaria, y es imprescindible una conexión entre los servicios sanitarios y los servicios asistenciales en favor de la tercera edad”. Alonso-Olea instó a los poderes públicos a legislar. “Está bien que las comunidades autónomas tengan sus atribuciones, pero el Estado tiene competencias claras en materia de prestaciones de servicios sociales”.

Para Antonio Alonso Timón, profesor de Derecho Administrativo de Comillas ICADE, durante los últimos meses “se están cometiendo barbaridades jurídicas: el Consejo Interterritorial de Sanidad es el que toma decisiones y decide las medidas y restricción de derechos fundamentales, y eso no respeta el más mínimo anclaje constitucional”. Alonso Timón también se refirió a la retirada de las sanciones impuestas durante el confinamiento: “son ilegales porque no tenían cobertura legal y se fue a una norma no prevista para estas situaciones, que es la Ley de Seguridad Ciudadana. No se respetó el principio de tipicidad y, en la mayoría de los casos, no se cometió desobediencia por parte de los ciudadanos, como está poniendo de manifiesto la jurisprudencia”.

Los ponentes, entre los que también estuvieron ponentes de diferentes universidades, coincidieron en que hay que adaptar la legislación sanitaria a la situación de pandemia y reformar la ley orgánica 3/1986 de mediadas especiales en materias sanitarias. “Hay que ver las necesidades que surgen a raíz de la pandemia para abordar problemas en el futuro: el legislador ha de tener en cuenta las recomendaciones desde la práctica y desde la Academia”, zanjó Fajardo.