La importancia de la debida diligencia

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Si existe una tendencia irreversible en el mundo empresarial es la que se refiere a la debida diligencia en derechos humanos y medioambientales. Así lo manifestaron todos los ponentes durante la jornada “Empresas españolas: oportunidades y desafíos ante la debida diligencia en derechos humanos y medioambientales”, que organizó la Clínica Jurídica ICADE, la Consultoría Social Empresarial ICADE, Comillas Solidaria y la Plataforma por Empresas Responsables. “Pretendemos proporcionar un marco de reflexión crítica sobre esta figura, así como sobre su importancia y la de su regulación”, según los organizadores.

La debida diligencia –que en Europa se convertirá en Directiva este mismo año– es un desafío que exige transformar el modelo de negocio, adaptar los procedimientos de ejecución de los proyectos e integrar unas reglas de funcionamiento específicas de los derechos humanos. Los ponentes coincidieron en que ha pasado de ser una recomendación que no vinculaba a las empresas, a ser un estándar jurídico internacional con un desarrollo normativo o judicial importante en muchos países.

En este sentido, España podría ser uno de los países pioneros en la adopción de estas medidas. “El Gobierno ha dado un impulso para hacer que las empresas respeten los Derechos Humanos y el medioambiente, y quiere seguir el ejemplo de países vecinos y adelantarse a la futura directiva europea”, aseguró Juan Ramón Crespo, asesor del Gabinete de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030. Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030. La Directiva afectará a las empresas europeas y sus modelos de hacer negocio en los países miembros y en terceros países.

Durante la jornada se estableció un diálogo entre representantes de las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las administraciones públicas y las empresas españolas sobre las ventajas que la ley aportaría y las barreras o dificultades que podrían tener las empresas en la implementación de la misma. El diálogo tuvo lugar tras la intervención de Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica, quien recalcó que “la alarma social por la situación medioambiental, y el mundo financiero y la exigencia de transparencia de las empresas son las que han llevado a un comportamiento responsable de las empresas”, y asegurço que “la voluntariedad de las empresas tiene muchos límites”. Asimismo, criticó el papel de la administración pública “que no ha sabido transmitir conciencia para estalecer una cultura de excelencia en el mundo empresarial”.

También tuvieron relevancia los testimonios de las empresas privadas (Acciona) y de activistas en derechos humanos en Latinoamérica, quienes denunciaron la impunidad de las grandes empresas a la hora de extraer recursos naturales y las pésimas condiciones en las que se encuentra la población civil debido a esto. Las empresas que explotan los recursos “violentan los derechos y el buen vivir de los pueblos indígenas hacia la naturaleza”, como aseguraron María Josefa Macz y Karen Ramírez, defensoras de Derechos Humanos de personas afectadas por monocultivos en Guatemala y El Salvador.

Durante la mesa redonda “Debida diligencia como respuesta a las exigencias del mercado: pasar de la excepción a la práctica generalista por las empresas en España”, los ponentes coincidieron en que las leyes siempre llegan tarde, pero que en España, “la legislación que se apruebe antes de la Directiva europea otorgará una ventaja competitiva a nuestras empresas”, ya que, según José Luis Fernández, director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial, “las empresas serán más y serán mejores, generarán riqueza de manera sostenible, tendrán reputación fuera de nuestras fronteras y sus trabajadores tendrán orgullo de pertenencia”.