Informe de ENTRECULTURAS destaca desafíos en la acogida educativa de niños y jóvenes en movilidad forzada

En un mundo cada vez más afectado por conflictos y crisis, el desplazamiento forzado de personas se ha convertido en una realidad alarmante. Según el último informe publicado por ENTRECULTURAS y la Fundación Alboan, titulado "Escuela Refugio, escuela que acoge: Desafíos para garantizar la acogida educativa de la infancia y la juventud en movilidad forzada", se estima que en 2022 se superó la cifra de 100 millones de personas desplazadas a nivel mundial* debido a la violencia y otras causas estructurales.

De este alarmante número, aproximadamente 15,2 millones son niños, niñas y adolescentes que se han visto obligados a huir de sus países en busca de seguridad y protección. Además, se suma a esta cifra el impacto de la guerra en Ucrania, que llevó a 3,86 millones de personas a abandonar sus hogares el año pasado.

Ante esta situación desafiante, los Estados y la comunidad internacional tienen la responsabilidad de tomar medidas para garantizar el derecho a la educación de estos niños y jóvenes en situación de movilidad forzada. La educación inclusiva y de calidad juega un papel crucial en la integración de las poblaciones migradas y en la construcción de la paz y la transformación social.

El informe destaca el consenso existente en la comunidad internacional sobre los beneficios de la educación tanto para las comunidades de origen como para las de acogida. Según la UNESCO (2022), la educación no solo proporciona conocimientos, sino también los valores y actitudes necesarios para convivir y construir entornos que promuevan el bienestar de todos. En este sentido, la acogida educativa ha demostrado ser exitosa en casos como el de la infancia desplazada desde Ucrania.

Sin embargo, el informe también pone de manifiesto los desafíos y tensiones a los que se enfrentan los sistemas educativos de acogida en otros contextos. Las respuestas varían considerablemente según el perfil de la población desplazada, generando desigualdades significativas. Además, en muchos casos, los sistemas educativos ya tienen dificultades estructurales para garantizar una educación de calidad a sus propios ciudadanos, lo que agrava la situación.

El Pacto Mundial sobre los Refugiados de 2018 ha puesto en el centro de la agenda internacional la distribución equitativa de la responsabilidad en la protección de las personas refugiadas. ACNUR (2022) destaca la importancia de que los gobiernos y las comunidades de acogida admitan a la población refugiada en sus escuelas, mientras que otros actores brindan financiación, recursos y apoyo para desarrollar sistemas educativos resilientes y sostenibles que beneficien tanto a la población refugiada como a las comunidades de acogida.

ENTRECULTURAS y Alboan, en colaboración con el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y el Servicio Jesuita para la Infancia y la Juventud (Red Mimbre), han unido esfuerzos para promover la educación como un derecho y las escuelas como espacios de refugio y acogida. Este informe busca divulgar y fomentar el diálogo social sobre las respuestas de los sistemas educativos en países receptores de población escolar migrante, desplazada y refugiada, así como resaltar buenas prácticas y propuestas surgidas de la experiencia en la comunidad educativa y el acompañamiento a niños, niñas, jóvenes y familias en situación de movilidad forzada en España y los principales países de acogida del éxodo venezolano en América Latina.

Las conclusiones derivadas del informe son claras. Es necesario garantizar que la educación en contextos de movilidad forzada sea disponible, accesible, aceptable y adaptable, tal como establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, los Estados se enfrentan a limitaciones presupuestarias en sectores clave como la educación y la cooperación internacional, lo que dificulta el cumplimiento de este derecho fundamental.

La respuesta de los sistemas educativos en países como España, dentro del contexto de la Unión Europea, depende en gran medida de la voluntad política y solidaria con la que se aborden estas situaciones. El informe destaca el ejemplo positivo de la respuesta a la crisis de Ucrania, donde se agilizaron los trámites administrativos y se redujeron las barreras para garantizar la escolarización inmediata y el acceso a derechos.

Sin embargo, en otras ocasiones, como en Ceuta, Melilla y Canarias, las políticas de contención migratoria y restricción del derecho de asilo prevalecen sobre el interés superior del menor y el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes.

El caso del éxodo venezolano también resalta los desafíos para garantizar la continuidad de la educación en situaciones de desplazamiento en países con dificultades estructurales, como Colombia, Ecuador y Perú. La disponibilidad y el acceso a la educación son retos importantes debido a las barreras legales y materiales que enfrentan las familias venezolanas y las dificultades socioeconómicas de los países receptores.

Fortalecer los sistemas educativos es fundamental para responder adecuadamente a las emergencias educativas. Por tanto, la combinación de ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo en el ámbito educativo es clave en estos contextos.

Las propuestas y buenas prácticas surgidas de la experiencia en la comunidad educativa y el acompañamiento a niños, niñas, jóvenes y familias en situación de movilidad forzada confirman que la construcción de un sistema educativo de acogida pasa por flexibilizar los trámites y condiciones de escolarización, garantizar la nivelación académica para una inclusión temprana en las aulas regulares, atender la realidad emocional y de salud mental, fomentar la participación de los estudiantes y sus familias, y promover la gestión de la diversidad como un recurso para construir sociedades más inclusivas.

A pesar del consenso internacional sobre la importancia de garantizar una educación de calidad e inclusiva para las personas refugiadas y migradas, los recursos asignados siguen siendo insuficientes. Es necesario aumentar los fondos destinados a la ayuda humanitaria y al desarrollo para asegurar el acceso equitativo a la educación y el bienestar de todos.

Este informe es una llamada de atención a los Estados y a la comunidad internacional para que asuman su responsabilidad en la garantía del derecho a la educación de los niños y jóvenes en movilidad forzada. Solo a través de un compromiso conjunto y acciones concretas se podrán superar los desafíos actuales y construir sociedades más inclusivas y justas para todos.