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Expertos juristas analizan en Comillas el 'pin parental'

Coinciden en que  no se puede validar una discusión desde bulos o desde el desconocimiento de lo que dicen las leyes

Comillas analiza el pin parental y el Derecho

La mesa tuvo un espíritu formativo e informativo para ofrecer al debate elementos objetivos sobre los que construir un diálogo.

30 de enero de 2020

La universidad Pontificia Comillas ha organizado una mesa redonda en la que diferentes expertos han abordado el polémico veto parental desde el punto de vista del Derecho, de la relación padres-hijos y de la relación con los educadores y profesores. La mesa ha tenido un enfoque jurídico a partir de la resolución del gobierno murciano que ahora quiere impugnar el Gobierno. Los ponentes coincidieron en la idea de que el veto parental “es una respuesta de desconfianza hacia los educadores que enmascara y se aprovecha de los miedos que tenemos como padres”.

La mesa redonda ha tenido “un espíritu formativo e informativo para ofrecer al debate elementos objetivos sobre los que construir un diálogo, porque no se puede validar una discusión desde bulos o desde el desconocimiento de lo que dice nuestro ordenamiento jurídico”, ha afirmado Clara Martínez, directora de la Cátedra Santander de Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas.

Para los expertos es importante tener en cuenta la opinión de los más pequeños. Según Blanca Gómez Bengoechea, investigadora del Instituto de la Familia de la Universidad Pontificia Comillas, siempre hay que pensar en lo mejor para los menores para su crecimiento personal. “La patria potestad de la que son titulares los padres respecto de sus hijos menores de edad, es una responsabilidad que, tal y como establece el art. 154 del Código Civil, se debe ejercer siempre en beneficio de los hijos, teniendo en cuenta su interés, de acuerdo con su personalidad y respetando los derechos que los niños tienen reconocidos en las distintas leyes vigentes”, según Gómez Bengoechea. Es por ello que, “los padres deben cumplir con su derecho-obligación de educar y formar integralmente a sus hijos cumpliendo con estos requisitos esenciales y escuchando a los niños, en función de su madurez, a la hora de tomar decisiones que les conciernan”.

Para Vicente Hernández, profesor de Educación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Comillas CIHS) y director de la revista Padres y Maestros, “la educación del hijo-alumno es una misión compartida entre padres y maestros que tiene como condición necesaria la confianza mutua. Buscar juntos el mayor bien del niño para, como señala nuestra Constitución, ofrecerle en todas las edades la mejor educación que garantice el pleno desarrollo de su personalidad humana”.

La asistencia a las entrevistas personales y reuniones de padres son momentos privilegiados para que familia y escuela puedan compartir información sobre el alumno. Es también hoy muy importante “estar atentos a las distintas herramientas de comunicación que a través de las plataformas digitales el centro educativo pone a nuestra disposición para estar al tanto de las actividades que se realizan en el aula y de la progresión del alumno en los objetivos formativos propios de cada curso”, aseveró Hernández.

Para los expertos reunidos en Comillas el dialogo frecuente entre los padres y los tutores de nuestros hijos es la mejor fórmula para alimentar este vínculo de confianza, porque el veto parental “es una respuesta de desconfianza hacia los educadores que enmascara y se aprovecha de los miedos que tenemos como padres”.

Respecto a la polémica sobre si los hijos pertenecen o no a los padres, el profesor de Derecho de Comillas ICADE y director del Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE), Federico de Montalvo, sostuvo que “los hijos, sobre todo tras el profundo cambio de paradigma que supuso la Convención de Naciones Unidas, no pertenecen ni a los padres ni al Estado, se pertenecen a ellos mismos como proyectos singulares de vida, en referencia a la máxima kantiana que prohíbe la cosificación”. Por eso, habría que “lograr un equilibrio entre la voluntad de los padres que buscan habitualmente lo mejor para sus hijos y el cumplimiento del mandato contenido en el propio artículo 27 de la Constitución de educar al menor para que pueda ser un sujeto de convivencia”.

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