El nuevo régimen de impugnación de acuerdos sociales, a examen

La Cátedra Garrigues de Modernización del Derecho de Sociedades acogió en la universidad a un nutrido grupo de expertos que analizaron el estado en el que se encuentra el nuevo régimen de impugnación de acuerdos sociales, cuatro años después de su aprobación. Durante la jornada "El nuevo régimen de impugnación de acuerdos sociales", catedráticos, magistrados y abogados desmenuzaron las claves de la normativa, los efectos que está teniendo en la práctica y, sobre todo, analizaron la interpretación y aplicación del régimen de impugnación de acuerdos sociales.

La jornada se inició con la intervención de Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues y profesor de la Facultad de Derecho (Comillas ICADE), quien expuso los problemas de la anterior regulación y la propuesta de la Comisión de Expertos, de la que formó parte, para abordar la reforma. “Existía un claro consenso en torno a la necesidad de acometer la reforma, a la que se intentaron incorporar los criterios consolidados por la jurisprudencia, analizando con más detenimiento aquellos casos en los que hubiera alguna discrepancia”, aseveró.

Vives subrayó que, aunque no existe actualmente una regulación específica sobre la impugnación de acuerdos sociales a nivel europeo, parece claro que las líneas generales seguidas por la UE han estado presididas por la preocupación por la estabilidad y la preservación de los acuerdos sociales. “Así se ha puesto de manifiesto en varios intentos legislativos y también en otras regulaciones comunitarias, como en la relativa a la impugnación de las fusiones de sociedades”, dijo.

Todos los ponentes coincidieron en que en España hay un régimen jurídico de impugnación de acuerdos muy novedoso y muy avanzado, que incorpora toda la jurisprudencia española sobre la materia, aunque presenta innovaciones que tienen que ser acotadas e interpretadas por los tribunales. Como explicó Carmen Alonso, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, “la reforma de la impugnación de acuerdos tiene aspectos muy positivos, pero también otros negativos, fundamentalmente porque la técnica legislativa no es todo lo buena que hubiera sido de desear y contiene algunos aspectos que son difíciles de concretar en la práctica”.

También se puso de manifiesto durante la jornada que la reforma de la legislación mercantil en materia de impugnación de acuerdos sociales ha tenido una muy importante trascendencia en materia procesal, ya que se ha visto directa o indirectamente afectada por la reforma.

La jornada, que supuso el relanzamiento de la Cátedra Garrigues de Modernización del Derecho de Sociedades, fue inaugurada por Íñigo Navarro, decano de la Facultad de Derecho (Comillas ICADE), y contó como moderadores con Mónica Martín de Vidales, codirectora de la cátedra; y Álvaro López-Jorrín, codirector del departamento Mercantil de Garrigues. El evento contó con el apoyo del Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE) y a él asistieron más de cien personas entre académicos, abogados y alumnos de grago y postgrado. El director de la cátedra, Javier Ibáñez, y los coordinadores de la jornada, Pedro Portellano y Pablo Sanz Bayón, calificaron la jornada de éxito.