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Cataluña digitaliza trámites: IA y protección de derechos

Los sistemas de inteligencia artificial en la administración pública deben ajustarse a principios de legalidad, transparencia y control humano.

La imagen muestra un entorno digital con un teléfono móvil y una computadora que representa un trámite digital con un escudo de seguridad.

La Generalitat de Cataluña ha anunciado la creación de una Dirección General de Inteligencia Artificial y la implementación de sistemas proactivos de IA para simplificar trámites administrativos. Esta medida busca automatizar gestiones recurrentes mediante algoritmos que anticipen necesidades ciudadanas, en una apuesta por la eficiencia institucional y la innovación tecnológica.


No obstante, la incorporación de IA en procesos administrativos plantea importantes retos jurídicos. Entre ellos destacan el principio de legalidad, el derecho a una buena administración y la garantía de transparencia en la toma de decisiones públicas. La automatización debe cumplir estrictamente con la normativa vigente en protección de datos personales, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y los principios del Derecho Administrativo común.

Uno de los puntos más críticos es el deber de motivación y explicabilidad de los actos administrativos generados total o parcialmente por sistemas automatizados. Según el artículo 22 del RGPD, el ciudadano tiene derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas sin intervención humana significativa, especialmente cuando puedan tener efectos jurídicos relevantes.

En este contexto, la creación de una autoridad pública específica en IA ofrece una oportunidad para establecer criterios normativos claros, supervisión técnica independiente y salvaguardas éticas. La futura aplicación del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE (AI Act) establecerá límites adicionales, exigiendo evaluaciones de impacto y transparencia algorítmica para sistemas desplegados por autoridades públicas.

La digitalización de la administración es necesaria, pero no puede desarrollarse al margen de los derechos fundamentales. Un uso legítimo de la IA en el sector público exige un equilibrio entre eficiencia, legalidad y control democrático.

Inteligencia Artificial
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