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TijuanaDiez años después del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada” se seguía empleando personal militar en operaciones de seguridad pública, y la violencia en el país continuaba siendo generalizada. Seguían recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. México recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo de su historia, la mayoría de personas que huían de la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Se llevaron a cabo intensas campañas de difamación contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra observadores independientes, y siguieron denunciándose homicidios y amenazas contra periodistas debido a su trabajo. La violencia contra las mujeres seguía suscitando honda preocupación, y se declararon alertas de violencia de género en los estados de Jalisco y Michoacán. El Congreso rechazó uno de los dos proyectos de ley presentados que permitirían a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar niños o niñas.

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