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La profesora de Derecho de Comillas, Cristina J. Gortázar, compareció ante la Subcomisión del Congreso para analizar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual

cristina-gortazarUn 98% de las víctimas de trata para la explotación sexual son mujeres y niñas. Así lo afirmó Cristina J. Gortázar, profesora de la Facultad de Derecho (ICADE), Investigadora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) y titular de la Cátedra Jean Monnet, durante su ponencia sobre la situación legal de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual ante la subcomisión del Congreso de los Diputados.

Gortázar contextualizó que la Unión Europea considera delito de trata “la captación, transporte, traslado, acogida, recepción, intercambio o transferencia de control de una persona; siempre que cualquiera de dichas acciones se lleven a cabo por cualquiera de los siguientes medios: amenaza o uso de la fuerza, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de la situación de vulnerabilidad (cuando la persona no tiene otra alternativa real o aceptable que someterse al abuso). Es preciso que cualquiera de los anteriores actos se lleve a cabo con la intención de explotar, sexual y/o laboralmente, para la comisión de delitos o la extracción de órganos”.

“La trata de seres humanos con fines de explotación sexual -dijo- las más de las veces está fundida ‘con’ la trata de seres humanos con fines de explotación laboral”. Por ello, es necesario abordar el problema desde la perspectiva de género y discernir “la norma jurídica anti-trata para la explotación sexual y sexual-laboral, del tratamiento jurídico que reciban el control de la frontera y el tráfico ilegal de extranjeros o smuggling”, puntualizó. “La víctima puede ser nacional del Estado en el que se comete el crimen”, añadió. No en vano, la Comisión Europea alerta sobre una mayoría de victimas de trata ciudadanas de la UE, concretamente de nacionalidad rumana, búlgara, húngara y polaca. “Por ello, las medidas anti-trata que se colocan en el control de la frontera externa de la UE están dejando fuera una gran mayoría de víctimas”, aclaró Gortázar.

Al parecer, “cuando las políticas migratorias son restrictivas, parece que la trata aumenta y cuando lo son de facilitación a la libertad de circulación, tanto la trata (trafficking) como el tráfico (smuggling) de seres humanos disminuyen. Por otra parte, la regulación del mercado de trabajo tiene también influencia sobre la trata. Parece que cuanto más regulado está un sector menos demanda de trata se produce y viceversa (cuanto menos regulado, más demanda)”, aseveró Gortázar.

Lucha anti-trata por explotación sexual

En la actualidad, la prostitución está regulada y es legal en varios estados europeos (Países Bajos, Alemania, Austria, Grecia, Letonia o Hungría) o está criminalizada la demanda pero no la oferta (Suecia, Noruega, Islandia, Irlanda del Norte). “En España la prostitución está en un limbo en el que podríamos decir que no es legal ni ilegal aunque están criminalizados ya todos los actos de explotación y, por supuesto la trata. Algo más dudosa es la figura del proxeneta que en mi opinión no está suficientemente perseguida en España” aseveró la profesora de Derecho.

En 1999 Suecia aprobó una ley criminalizando la compra de servicios sexuales. Desde entonces, el modelo sueco es una referencia obligada y ha sido copiado en otros dos países nórdicos (Noruega e Islandia), en Irlanda del Norte (desde 2014) y en Estados Unidos. Sin embargo, apuntaba Gortázar, un informe de los servicios sanitarios suecos, encargado por el propio gobierno de dicho Estado, arroja resultados decepcionantes sobre el sistema sueco de criminalización de la demanda. Los autores del estudio concluyen que la legislación vigente ha disminuido drásticamente la llamada “oferta callejera” pero ha aumentado la oferta cibernética: “En los últimos ocho años, el número de ofertas de prostitución se ha multiplicado por veinte (…) La prostitución se beneficia de una publicidad más abierta que nunca en Suecia”.

Legislar las TICs

La profesora de Derecho señaló que en uno de los principales puntos para combatir la trata es, precisamente, la legislación de las TICs (tecnologías de comunicación e información): “Especialmente, para combatir la demanda denominada ‘easy2 demand’ por la aparente evaporización de la responsabilidad a través de dichas nuevas tecnologías”.

“Cualquiera que sea la opción sobre la prohibición de la demanda o la regulación del sector de los servicios sexuales, un modelo complementario es prohibir o restringir la publicidad del comercio de sexo. En Reino Unido, una campaña de ONGs  tuvo éxito logrando que Newsquest, una corporación importante de medios de comunicación, prohibiera los anuncios de servicios sexuales en 200 medios de comunicación de masas. La labor más importante de control de los medios de oferta está en las TICs” apuntó durante su intervención.

El caso español

En el derecho español, las principales normas sobre trata se encuentran en el Código Penal; en la legislación de extranjería; para víctimas extranjeras en la posible protección de la legislación española sobre asilo -la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria; la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género-, así como la normativa autonómica relativa a la prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género.  Y, en adelante, para todas las víctimas, también en la Ley del Estatuto de la Víctima recientemente aprobado. Además, el primer instrumento que planifica la lucha contra la trata con fines de explotación sexual en España es el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual 2009 – 2012, aprobado por el Consejo de Ministros el 12 diciembre de 2008, en el marco del entonces Ministerio de Igualdad.



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