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Una de las pautas históricas de ese sector es garantizar los derechos ciudadanos, que sólo será posible por medio de cambios en la legislación migratoria.

Estuvieron presentes miembros del equipo de Base Waris de inmigrantes de América Latina, del movimientos Palestina para Tod@s (MOP@T) y del Grupo de Refugiados e Inmigrantes Sin-Techo (Grist).

Estatuto del Extranjero

El estatuto vigente en el país, sancionado en 1980, es herencia de la dictadura militar (1964-1985). Hasta hoy en día, este prohíbe derechos políticos de los inmigrantes en Brasil, entrando en conflicto con los derechos garantizados por la Constitución Federal. A pesar de su inconstitucionalidad nada impide que continúe siendo usado para regular la permanencia y el ingreso de extranjeros en el país.

Los artículos 107 y 108 del Estatuto, por ejemplo, prohíben que migrantes realicen cualquier actividad de naturaleza política y participen de asociaciones con fines culturales, religiosos y recreativos, como organizar o participar de “desfiles, marchas, votaciones y reuniones de cualquier naturaleza”, tampoco pueden “participar de reuniones conmemorativas de fechas nacionales o acontecimientos de significación patriótica”.

Aunque supuestamente se trata de un estatuto que ya no es aplicado por la Justicia, en los últimos meses este fue invocado en dos oportunidades.

El primero fue el caso de la profesora italiana Maria Rosaria Berbato, de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), intimada a declarar en la Policía Federal de Belo Horizonte debido a su participación en debates y eventos sobre la actual crisis política en Brasil.

La segunda fue la nota oficial publicada el 15 de abril por la Federación Nacional de los Policías Federales (Fenapef) que amenazó con detener y deportar a inmigrantes bolivianos que participen de manifestaciones contra el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff.

Para Lucia Sestokas, investigadora del Instituto Tierra, Trabajo y Ciudadanía (ITTC), el Estatuto del Extranjero está en contradicción con la propia normalización institucional.

“Él dice que las personas inmigrantes en Brasil no tienen acceso a ningún derecho político y social. No solo restringe al voto, como en la Constitución. Es la confusión entre lo civil y lo político, una vez que esos derechos son garantizados para cualquier persona, no sólo por la Constitución como por varios tratados internacionales de los cuales Brasil es parte”, afirmó Lucia.

El ITTC divulgó recientemente la nota técnica “Constitución y tratados garantizan el derecho a la participación política y sindical de las personas migrante en Brasil”.

Según Lucia, el Estatuto del Extranjero es una legislación que no solo no acoge sino que restringe la garantía de derechos. “La primera frase ya coloca en destaque la cuestión de la seguridad nacional. Toda la lógica de esa legislación fue construida para atraer mano de obra para las actividades que el Estado quiere, y después descartarla. Es una mano de obra especializada, una migración rica y blanca. La legislación no permite el derecho humano de migrar, es una migración seleccionada, y ella vuelve a explotar ahora con la crisis política del país, lo que muestra el carácter político de esa persecución”, destaca.

“La creación del frente independiente de refugiados e inmigrantes tiene justamente este ítem [de participación política] como una de las principales banderas”, afirmó Hasan Zarif, miembro del MOP@T que participó del evento de integración en el Al Janiah.

Christo Kamanda, refugiado de la República Democrática del Congo, militante independiente de las causas migratorias y participante del GRIST, también compartió su historia en el evento. Es periodista, vive en São Paulo desde hace un año, da clases de francés y tiene un proyecto de comunicación a partir de una agencia de noticias brasileña en su lengua de origen.

En su opinión, la legislación de Brasil debería basarse en los demás países latinoamericanos, que permiten actividades positivas a los inmigrantes. “La cuestión de la ley en Brasil tiene una gran contradicción, porque la Constitución brasileña permite la participación de todos en la ciudad, sin discriminación. Pero si volvemos a la ley de la dictadura, que criminaliza la inmigración, hay ese conflicto”, dice.

“Brasil es un caso muy particular, no puede comportarse como todos los países del mundo, porque es un país compuesto por inmigrantes e hijos de inmigrantes. Es una excepción. Fuera de nuestros hermanos indígenas, propietarios originarios de Brasil, todo el mundo aquí es inmigrante. Eso es más importante que todo el resto, y los políticos brasileños tienen que tener eso en la cabeza. En la Cámara de Diputados, en el Gobierno Federal, no hay ningún indígena gobernando. Son todos inmigrantes. ¡Es un absurdo! Las personas que llegaron aquí primero no pueden entorpecer a los otros que acabaron de llegar”, denunció el periodista.

Kamanda también repudió las amenazas realizadas por la Policía Federal en abril: “Los inmigrantes no llegaron a las manifestaciones solos, son invitados por brasileños. Yo denuncio ese comportamiento irresponsable de la policía. Ella no está allí para amenazar a las personas, y hasta los inmigrantes tienen miedo de ella”.

Proyecto de Ley

Dos proyectos de ley (PL) en tramitación buscan cambiar la legislación migratoria brasileña. Uno de ellos es el PL 2516/2015, de autora del senador Aloysio Nunes (PSDB-SP) que está en a la espera de las pautas de la Cámara de Diputados.

El PL pretende actualizar el Estatuto del Extranjero, teniendo como una de sus principales pautas la concentración de poderes en la Policía Federal y la presencia o no de una entidad civil como autoridad nacional migratoria.

Mientras tanto, el PL aún puede sufrir modificaciones hasta la construcción del texto final. A fines de mayo, el PL de Aloysio Nunes se modificó con el PL 5293/2016, de autoría del diputado Jean Willys (PSOL-RJ), que pretende “definir la situación jurídica de los extranjeros en Brasil y crear un Consejo Nacional de Inmigración”.

“Lo que estamos intentando, junto con diversas organizaciones que se movilizan por la lucha de las personas inmigrantes, es demandar los derechos políticos. Aunque la Constitución vete el voto, existe un abanico de derechos políticos al que todo el mundo puede tener acceso, y tenemos que luchar para que eso sea garantizado”, concluyó Lucia.

Júlia Dolce

Traducción: María Julia Giménez



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