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Desde hace más de dos décadas, Haugaard se dedica al estudio de los problemas de América Latina, principalmente los relacionados con los derechos humanos y las políticas de seguridad y defensa de Estados Unidos, su país, para la región. Desde el Latin America Working Group, cuya dirección asumió en 2002, promueve campañas para influir en la Casa Blanca y el Congreso, en favor de una política migratoria integral, y por el respeto de los derechos de los inmigrantes.

La semana pasada, Haugaard participó en el foro “El Plan Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte: Impactos para la gobernabilidad, el desarrollo y las migraciones”, organizado por las universidades Rafael Landívar y Del Valle de Guatemala, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Ahí compartió su visión respecto a los efectos negativos que esta iniciativa podría acarrear a la región, de implementarse sin tomar en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil de los países implicados (Guatemala, El Salvador y Honduras), y advirtió sobre los riesgos de que instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa Nacional de Competitividad de Guatemala (Pronacom) conduzcan el proceso.

En esta entrevista, reconoce los esfuerzos de Washington por impulsar el plan, pero advierte que en el corto y mediano plazo, la inmigración de centroamericanos hacia su país no se detendrá, debido a que no se contemplan medidas para solucionar los problemas estructurales que la generan. Aprobar una reforma migratoria integral y reconocer que el fenómeno de los inmigrantes centroamericanos es una crisis de refugiados, no de migración económica, dice, es lo primero a hacer, para atajar el problema.

¿A qué le atribuyen el interés de EE.UU. por lanzar el Plan la Alianza para la Prosperidad?

Es una respuesta a la ola de inmigración que ha habido (hacia EE.UU.), principalmente de niños y adolescentes de los tres países del Triángulo Norte. También es una respuesta a la preocupación de la Administración y el Congreso a la violencia que están sufriendo los tres países.

¿Es esta la mejor forma de contribuir a resolver estos problemas estructurales de Centroamérica?

No puede verse esta iniciativa como mala o buena; es algo más complicado que eso. Creo es urgente tener una reforma migratoria integral en EE.UU., avanzar en las acciones ejecutivas que ha impulsado el presidente (Barack) Obama pero que han sido obstaculizadas por las Cortes. Pero es urgente también que Estados Unidos comprenda que se trata de una crisis de refugiados y no de una crisis de migración económica.

Pero EE.UU. se resiste a ver el fenómeno de esa manera…

Hay un intenso debate alrededor de este asunto. La Administración Obama ha sido muy lenta y limitada al reconocer esto como un problema de refugiados, y en el contexto de la campaña electoral esto se ha quedado rezagado. Se puede hacer más para brindar asilo, ampliar los programas en las embajadas (de EE.UU. en Centroamérica), aumentar el número de personas que puedan recibir asilo, pero la administración no ha querido hacerlo por el debate político. En términos administrativos, la Administración ha tratado, pero no puede, está bloqueada, igual que la reforma migratoria integral. Entonces, como no puede y no quiere dar la respuesta sobre política de inmigración que se debe hacer, la Administración y el Congreso han decidido invertir en los países, con la idea de que este paquete de cooperación puede ayudar a resolver los problemas que están detrás de la ola de inmigración.

¿Resolver los problemas estructurales como la pobreza, la violencia, la desigualdad que generan la inmigración?

En el corto y mediano plazo, no. Si el plan se dirige a un desarrollo inequitativo, a programas de  seguridad que no respetan los derechos humanos, si no se consulta con la sociedad civil, no ayudará. Pero si es mejor diseñado, si se dirige a comunidades con programas de prevención, para jóvenes en riesgo, para comunidades afectadas por la sequía, si es consultado, si no se violan los derechos humanos, puede ayudar. Si no hay transparencia, si no hay consultas con la sociedad civil, no puede ayudar.

Llamarle “prosperidad” a un plan diseñado para favorecer los intereses geoestratégicos de EE.UU. y en que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está interesado en implementar, es un eufemismo, ¿no?

Siempre escogen títulos de ese tipo…

¿Es suficiente un plan como la Alianza para la Prosperidad, para detener a los cerca de 200 mil centroamericanos que cada año emigran hacia EE.UU., huyendo de la pobreza y la violencia que viven en sus comunidades?

Por eso insistimos en lo importante de aprobar la reforma migratoria, y que se reconozca el problema como una crisis de refugiados. Este plan de cooperación puede ser mejor o peor, dependiendo de que los medios de comunicación, la sociedad civil y las comunidades locales en EE.UU., podamos empujar para hacerlo más transparente, más dirigido a las comunidades de donde vienen los migrantes, más beneficioso para las personas vulnerables.

La participación de organismos como el BID o el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), que promueve los intereses del sector empresarial dentro del Gobierno, genera cuando menos suspicacias respecto a que los beneficios realmente lleguen a las comunidades vulnerables…

Nosotros tenemos preocupación con los proyectos del BID, y la tendencia de los Gobiernos de los tres países para usar este plan para financiar los mismos proyectos de infraestructura que han querido siempre. La cooperación de EE.UU. no va en esa dirección. Hay restricción del Congreso que dice que la ayuda bilateral de EE.UU. no se puede usar para eso. Las organizaciones de la sociedad civil en EE.UU. están preocupadas de que el programa no resuelvan los problemas de las comunidades por los intereses de los Gobiernos, del BID, de los empresarios, y que por el contrario, desplacen a las comunidades y contribuyan a la emigración forzada. Creo que es importante investigar los proyectos del BID. También es preocupante que el Gobierno pretenda que el Pronacom sea el encargado de conciliar con la sociedad civil. Ellos son sector privado, no pueden hacer consultas ni conciliar con la sociedad civil porque tienen y defienden los intereses de los empresarios. Es importante que los Gobiernos de los tres países, EE.UU. y otras agencias de cooperación consulten con la sociedad civil sobre este plan, sino vamos a tener el mismo desarrollo desigual, políticas de seguridad que en vez de proteger a las comunidades puedan hacer daño, y que la inmigración se incremente.

Las preocupaciones de Washington, al parecer, van más sobre el tema de la corrupción que sobre la participación de la sociedad civil…

Hay preocupación del Congreso de los EE.UU. sobre los problemas de corrupción en Guatemala y Honduras, y problemas de derechos humanos en los tres países. Y eso ha llevado a condicionar la cooperación. Como sociedad civil, vemos esas condiciones de manera positiva, es importante velar por el respeto de los derechos humanos y por que se procese a los corruptos. Pero hay otras condiciones sobre las que no estamos de acuerdo y nos preocupan, como las de fortalecer las fronteras con militares para disuadir la migración, porque son poco realistas y se pueden violar los derechos humanos.

¿Debe EE.UU., incluso, condicionar las decisiones políticas, soberanas, de los países?

Si un donante da una cantidad de recursos, condicionar cosas básicas como que esos recursos no se pierdan en la corrupción, o que se respeten los derechos humanos, es respetable.

Me refiero más a otras condiciones, como reforzar la seguridad en las fronteras para evitar la emigración, o asuntos relacionados con la seguridad interna de los países…

Esa es una forma de ver las cosas.

Por otra parte, ¿un eventual triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, afectaría la implementación del Plan Alianza para la Prosperidad, y daría al traste con la reforma migratoria?

Me temo que sí. Personalmente da miedo porque Trump ha levantado el racismo y la xenofobia en EE.UU. La mayoría de estadounidenses apoyan la cooperación, pero quieren que sea para el desarrollo equitativo, y de una manera respetuosa.

¿Aún es rentable para los centroamericanos migrar a los EE.UU. como lo fue en décadas pasadas?

No puedo contestar eso. Creo que cada persona tiene que decidir dónde quiere vivir. En EE.UU. hay mucha gente sufriendo aún por la crisis financiera. Creo que Trump ha ganado tanto espacio porque la gente está sufriendo. Pero la situación también ha empeorado en Centroamérica, sobre todo por la pobreza y la violencia.

*Plaza Pública

Carlos Arrazola



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