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Por Aracely Martínez

Esta medida está dirigida a personas y familias que se presentaron a una corte y recibieron una orden de deportación final de un juez[1]. A pesar de lo específico del perfil, el inicio de las detenciones causó pánico entre la comunidad migrante, de manera que activó las alarmas y las medidas de seguridad entre las familias con miembros indocumentados; las recomendaciones de los consulados de Guatemala, Honduras y El Salvador para informar a la población y dar seguimiento a los procesos; y los servicios legales y de derechos humanos de diversas organizaciones para detener las deportaciones y dar esperanza a aquellos que estaban ya detenidos.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua)[2], el 6 de enero llegaron las primeras cuatro unidades familiares deportadas a Guatemala. Fueron detenidas en varias ciudades de Georgia y Florida y arribaron en dos vuelos con otros guatemaltecos que en conjunto sumaban 237 personas. En total se han arrestado 121 migrantes en diversos estados, incluyendo Texas y Carolina del Norte[3].

Al momento de redactar este texto sé que líderes migrantes, religiosos y activistas están tomando medidas para ofrecer protección a las personas y familias con órdenes de deportación. Así, por ejemplo, se han establecido ciudades santuario en varios estados para albergar inmigrantes indocumentados, como el caso de Filadelfia[4], que se desliga de la ICE y ofrece un espacio seguro para los migrantes, o de las Iglesias de diversas denominaciones que se han sumado a esta medida[5]. También se han organizado para realizar protestas frente a las oficinas de la ICE y de Homeland Security en diversos estados, impartir talleres informativos para la comunidad migrante y activar teléfonos de emergencia en consulados, asociaciones e iglesias, entre otras acciones.

Mientras tanto, la población migrante se ve impotente frente a estas medidas drásticas de expulsión. Sin embargo, aprovechando que vienen elecciones primarias, es quizá el momento de aumentar el voto migrante para favorecer políticas más beneficiosas para la comunidad latina en general (y centroamericana en particular).

De acuerdo con datos del Pew Research Center[6], la población latina elegible para votar representa el 45 % del total de latinos y el 11 % del total de la población que puede votar en Estados Unidos, de modo que suman 25.2 millones de votantes potenciales. No obstante, de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos[7], en las elecciones presidenciales de 2012 solo votó el 8.4 % de la población latina. Esto indica una baja participación de una comunidad que tiene el potencial de decidir en la vida política estadounidense.

La población latina en Estados Unidos ha aumentado. Según estimaciones de la Oficina del Censo, para 2016 se calcula que existen 58.1 millones de personas, con un incremento de 5 millones entre las elecciones de 2012 y 2016[8]. Sin embargo, muy pocos se registran para votar. Y a pesar de haberse registrado, no todos salen a ejercer su voto.

Movimientos como el Hispanic Heritage Month of Action, así como los esfuerzos de diversas organizaciones como el Heartland Workers Center de Omaha, Nebraska, y Mi Familia Vota, liderada por el guatemalteco Ben Monterroso, tienen como objetivo incentivar la participación latina en las próximas elecciones. De acuerdo con Monterroso[9], la meta es que este año 15 millones de latinos (3.5 % más que en 2012) salgan a votar e incidan a favor de la población migrante.

La inmigración es el tema más importante para la población latina, que da prioridad a una reforma migratoria y a la implementación de acciones administrativas que faciliten la gestión de la migración regulada y desde los derechos humanos. Por tanto, es importante que los líderes migrantes guatemaltecos motiven a sus comunidades a participar en las elecciones, colaboren en incentivar el registro ciudadano para el voto, informen y sensibilicen a los migrantes elegibles para salir a votar, conozcan las propuestas de los candidatos republicanos y demócratas, sepan elegir y contribuyan así a cambiar las cosas desde el propio sistema. No basta con actuar desde los derechos humanos o el activismo. Es hora de participar en la vida ciudadana ejerciendo el voto.

Aracely Martínez es Antropóloga con Maestría en Cooperación al Desarrollo Sostenible y estudiante del Doctorado en Migraciones Contemporáneas en la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, sobre organizaciones guatemaltecas en Estados Unidos. Profesora e Investigadora Asociada de la Universidad del Valle de Guatemala.


[1] «Secretario de Seguridad Nacional confirma operativo para detener a indocumentados» (4 de enero de 2016). En La Voz del Inmigrante. Disponible aquí.

[2] «Arriban al país unidades familiares deportadas de Estados Unidos» (6 de enero de 2016). En página de Conamigua en Facebook. Disponible aquí.

[3] «Primer contingente de deportados llegó hoy a Guatemala; organizaciones facilitan recursos ante ola de redadas» (6 de enero de 2016). En Observatorio de Legislación y Política Migratoria. Disponible aquí.

[4] «Kenney restores sanctuary city status» (5 de enero de 2016). En Philly.com. Disponible aquí.

[5] Wharton, H. (26 de diciembre de 2015). «Fifty churches just offered safe haven to Central American refugees facing deportation». En U. S. Uncut. Disponible aquí.

[6] «Mapping the Latino electorate by state» (19 de enero de 2016). En Pew Research Center: Hispanic Trends. Disponible aquí.

[7] U. S. Census Bureau (2013). «The diversifying electorate—Voting rates by race and Hispanic origin in 2012». Disponible aquí.

[8]. Ocampo, L. (2015). «Top 6 facts on the Latino vote». En Center for American Progress. Disponible aquí.

[9] Sánchez Bolaño, C. (26 de octubre de 2015). El voto latino podría definir las elecciones de Estados Unidos. En Newsweek. Disponible aquí.



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