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El Decreto Legislativo 1236, dado en el marco de las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo, reemplaza a la obsoleta Ley de Extranjería promulgada en 1991, la misma que no respondía a la situación migratoria actual del Perú, que en los últimos años experimenta el crecimiento exponencial del flujo de personas que ingresan, transitan, permanecen y salen del país.

La norma establece causales específicas para la inadmisión de extranjeros que pudieran representar un riesgo para la seguridad nacional o el orden público como lo son, por ejemplo, las personas con antecedentes en su país de origen o en el país de su última residencia.

A diferencia de lo que ocurría en el pasado, la nueva norma otorga a Migraciones la facultad de fiscalizar las actividades de los extranjeros. Esto es muy importante porque antes esta tarea era exclusiva de la Policía, la que no se daba abasto por los problemas logísticos y de personal que conocemos.

Se han incorporado sanciones específicas para los extranjeros que violenten el orden público. Por ejemplo aquellos extranjeros que dañen el patrimonio nacional, una vez que afronten las responsabilidades judiciales del caso, serán sancionados con expulsión e impedimento de retornar al país.

Otro de los mecanismos de seguridad que incorpora la ley es la creación del Registro de Migraciones que servirá para recolectar, sistematizar y analizar la información migratoria y de esta manera generar alertas y coadyuvar a la seguridad del país ante cualquier amenaza.

Adiós a las trabas para atraer inversión y talento

La nueva Ley de Migraciones pone punto final a una serie de trabas que contenía la antigua Ley de Extranjería para promover negocios e inversiones, pero sobre todo para atraer talentos que contribuyan con su alta especialización al desarrollo del país.

Por ello, la norma crea mecanismos que facilitan la llegada y permanencia de ciudadanos extranjeros altamente calificados. Estas personas podrán acceder directamente a una residencia en el Perú junto a sus familias.

El mismo trato será otorgado a los ciudadanos extranjeros que ingresen al país por transferencia empresarial y se desempeñen como personal de dirección o especialistas de empresas transnacionales o corporaciones internacionales.

Se ha creado además una calidad migratoria específica y muy flexible para los inversionistas extranjeros, a quienes se les otorgará un plazo de permanencia en el país de hasta 365 días calendario, prorrogables y con múltiples entradas.

Otra buena noticia para los ciudadanos extranjeros es que con la nueva Ley de Migraciones ahora podrán acceder a un contrato de trabajo o de prestación de servicios en el sector público, situación que antes solo era posible en el sector privado.

Adicionalmente, los ciudadanos de aquellos países que tengan acuerdos internacionales con el Perú podrán acceder a calidades migratorias específicas con mejores condiciones y mayores plazos de permanencia.

Facilitando la migración regular y ordenada

 

Uno de los puntos más novedosos de la nueva ley es la facilitación de la migración regular y ordenada. Para ello no solo se establece una nueva estructura de categorías y calidades migratorias, sino que además se simplifica significativamente los trámites que debe realizar el ciudadano extranjero para aplicar a dichas calidades y obtener la residencia en el Perú.

Asimismo, desde la perspectiva de la no criminalización del migrante, la norma permite que un ciudadano extranjero pueda regularizar su situación migratoria en el Perú sin la necesidad de salir del país, siempre y cuando cumpla con algunos requisitos que se establecerán en el reglamento.

Esto representa un cambio radical con respecto a la antigua Ley de Extranjería que disponía la expulsión inmediata con impedimento de retorno para aquellos extranjeros que hubieran ingresado de manera irregular al Perú o que incurrieran en irregularidad por cuestiones administrativas, sin importar incluso que esta persona tuviera hijos menores de edad nacidos en el Perú.

De la misma manera, la nueva Ley de Migraciones dispone que en casos humanitarios se exonere de sanciones administrativas a los ciudadanos extranjeros con el fin de proceder con la regularización de su situación migratoria y la reunificación de sus familias.



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