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Afirma que quizás lo diga porque los contenidos y propuestas del Plan de Obama son los mismos de un plan en curso ya en Guatemala, un plan que se viene imponiendo desde el empresariado y con el aval de los gobiernos de turno.

La “crisis humanitaria” que estalló en junio de 2014 comenzó ya a mostrar incremento en el número de niños, niñas y adolescentes que migraban desde octubre de 2013. En su “pico”, al 31 de mayo del 2014 y según un comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la patrulla fronteriza de Estados Unidos capturó a 47,017 niñas y niños. 11,479 eran guatemaltecos. En el mismo comunicado se leía que, a finales de 2014 y según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los niños y niñas emigrantes podrían llegar hasta 90 mil.

LA MIGRACIÓN INFANTIL  NO ES ALGO NUEVO

La migración de la infancia no es un fenómeno nuevo, como lo confirman los diversos estudios de organismos que atienden la problemática migratoria. Para el caso de Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos presentó en 2006 el informe “Derribando muros: La realidad de la niñez y adolescencia migrante en la frontera Guatemala-México”. En ese texto se lee que ya se advertía esta realidad desde 2002. Para entonces se planteaba la necesidad de generar una base de datos sobre este flujo migratorio y de contar con políticas de prevención oportunas.

El informe de la Procuraduría también daba cuenta de que en 2004 fueron deportados de Estados Unidos por vía aérea 187 niños, niñas y adolescentes y que en el albergue situado en Quetzaltenango, frontera con México, ya se cuantificaban como deportados desde México otros 1,718, provenientes principalmente de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y de la capital, tendencias que se mantienen.

En 2011 Unicef presentó el informe “El salto al Norte. Violencia, inseguridad e impunidad del fenómeno migratorio en Guatemala”. De nuevo, constató la realidad de la migración de niñas y niños de entre 0 y 17 años. El texto señaló algunas de las causas de su emigración: mejorar económicamente (43%), conseguir un empleo (33%), reunirse con su familia (11.7%) y huir de la violencia (1.4%).

Estos datos se fueron modificando cuando otras investigaciones evidenciaron que el incremento de la migración infantil estaba siendo generado por el contexto de violencia en los tres países del Triángulo Norte centroamericano. En su informe de 2014 “Niños en fuga: niños no acompañados que huyen de Centroamérica y México y la necesidad de protección internacional”, la Oficina para Estados Unidos y el Caribe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), menciona entrevistas con 404 niñas y niños de estos cuatro países. En el 58% de los casos su migración se debía a daños sufridos a causa de violencias que ameritaban protección internacional. El 38% de los niños entrevistados en ese grupo eran de Guatemala.

En este estudio se identificaron dos grandes generadores de violencia: criminales armados organizados, incluyendo cárteles de la droga y bandas, y actores estatales. El 48% de este grupo fue afectado por violencia estatal. El 21% manifestó haber sufrido violencia por parte de sus “guardianes”. Aunque el estudio no especifica de quiénes se trata, seguramente se refiere a alguno padres o familiares cercanos. El 23% habló de abuso en sus hogares y el 20% de abuso en la sociedad. El 84% de estos niños y niñas mencionó la necesidad de reunirse con sus familiares y de tener oportunidad de trabajo o de estudios para apoyar a sus familias.

Tanto este estudio, como uno más reciente elaborado por diversas organizaciones regionales de derechos humanos, “Niñez y migración en Centroamérica: causas, políticas, prácticas y desafíos 2015”, infieren que tanto la niñez, como seguramente la población adulta, están huyendo de sus países por razones mixtas, muchas de ellas estructurales.

En un contexto tan complejo cabe preguntarse cómo el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica va a dar respuesta a esas causas estructurales y a tantos factores mixtos que están generando el éxodo, no sólo de la niñez migrante sino de la población hondureña, guatemalteca y salvadoreña… ¿Resulta realista el planteamiento de que ese esfuerzo logrará frenar la migración del llamado flujo norte, el más masivo hoy en el mundo? ¿Podemos pensar que se convertirá en una herramienta de crecimiento y de desarrollo?

LOS PLANES PREVIOS

En mi tesis doctoral “Estrategias y dinámicas campesinas frente a la política agraria de postguerra en Guatemala”, concluida en 2012, me preguntaba si el rol que se le asignaba a Guatemala en la mundialización no era acaso el convertir a nuestro país en una plataforma de servicios…

En el denominado Plan Puebla-Panamá, propuesto en 2006 y relanzado en septiembre de 2014, ya estaba presente la proyección que se quería para Centroamérica y para el sur de México. El PPP, conocido después como Proyecto Mesoamérica, fue insertado en la segunda versión del ALCA (Alianza para las Américas), cuya realización se interrumpió por los nuevos procesos y transformaciones ocurridas en Suramérica. Ahora aparece otra versión de estos planes, menos ambicioso y para ser desarrollado en países más cercanos a Estados Unidos, no sólo por la geografía sino por la dependencia de sus mercados. Al igual que los anteriores, este nuevo plan tiene apoyo financiero del BID, del Banco Mundial y del BCIE y de inversionistas privados.

Entre los proyectos que ya se integraban en estos planes regionales previos figuran el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), el de telecomunicaciones a través del corredor de fibra óptica atravesando toda la región, la Autopista Mesoamericana de la Información (AMI), el corredor interoceánico, y el corredor Pacífico, que proyecta la construcción de una carretera de 3,160 kilómetros que abarcaría seis países atravesando siete fronteras.

DOS PROYECTOS YA AVANZADOS EN GUATEMALA

En Guatemala el plan ya estaba avanzado con dos proyectos importantes. El primero, la construcción de la Franja Transversal del Norte, diseñada ya desde los años 70 e interrumpido el proyecto por el conflicto armado. La construcción inició finalmente en 2010 y está por finalizar. Esta vía une el oriente-norte del país con la frontera con México, colindante con el departamento de Huehuetenango en el occidente. En 2007, la revista “El Observador” calificó así esta carretera: “Es más que una simple vía terrestre que intercomunicará a miles de comunidades”, alertando sobre la articulación de esta importante obra de infraestructura con nuevos proyectos económicos que se han venido intensificado en nuestro país: petróleo, hidroeléctricas, minería, agrocombustibles…

Un segundo proyecto es el llamado Corredor Tecnológico de Guatemala, de 308 kilómetros de largo y 140 metros de ancho, incluyendo a cuatro departamentos del país en el oriente, conectando el Caribe con el Pacífico y propiciando otras interconexiones con el mercado centroamericano. Proyectado para 2015, este Corredor incluye otros sub-proyectos: una línea férrea para carga y descarga de mercancías y un gasoducto.

La riqueza de recursos naturales de nuestra región y su posición geoestratégica ha interesado mucho a los gobiernos de Estados Unidos desde hace años. En el Plan Alianza para el Progreso (ALPRO), que lanzaron en 1961, ya se enuncian algunas de las razones de ese interés. Tampoco son nuevas las propuestas que, mediante planes e inversiones, pretenden generar condiciones para la “gobernabilidad” en América Latina, concepto que a menudo el Norte identifica con la aceptación de sus imposiciones y el sometimiento a un único modelo, ése cuya tesis central sigue siendo que “la economía del derrame” es la que nos llevará al desarrollo…

ANTECEDENTES: “CONTROL” PARA LA “SEGURIDAD NACIONAL”

Hay otros contenidos en el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte que tienen antecedentes en el control” y que se pueden agrupar bajo el concepto de “seguridad nacional” hoy, cuando nuevos fenómenos trastocan nuestras realidades y se responde a ellos con una mezcla de “defensa” contra el terrorismo internacional, el crimen organizado y el narcotráfico y allí en medio, conviviendo en los mismos territorios, se criminalizan las luchas sociales de las comunidades defendiendo sus recursos naturales y se masifica la migración como estrategia de sobrevivencia y búsqueda de oportunidades.

A partir del 11 de septiembre 2001 se puso en marcha en 2002 el Acuerdo para Fronteras Inteligentes. Le siguieron en 2005 el proyecto Alianza para la Prosperidad y Seguridad de la Frontera Norte. Después, en junio de 2008 vino el Plan Mérida, un tratado de seguridad internacional, entre Estados Unidos, México y Centroamérica para el combate al narcotráfico y el crimen organizado, que ya incluyó 1,600 millones de dólares en tres años.

También está el Programa de la Frontera Sur de México, lanzado el 25 de agosto de 2014, cuyo objetivo principal es “evitar que los migrantes pongan en riesgo sus vidas” subiéndose al tren llamado “La bestia”. Este programa implicó aumentar el control y la velocidad del tren para desmotivar su uso entre la población migrante. Otros objetivos eran mejorar la protección de los derechos humanos de esta población y combatir y erradicar a los grupos criminales. Organizaciones de derechos humanos de México han denunciado que este programa ha sido un fracaso y que ha provocado un aumento de peligros a la población migrante, que ha tenido que utilizar nuevas rutas, en su mayoría controladas por organizaciones criminales.

Posteriormente a este programa, se instalaron en Guatemala fuerzas de tarea en dos puntos considerados clave en la ruta migratoria: en Tecún Umán, frontera con México, en agosto de 2014; y la fuerza de tarea Chortí, en la frontera con Honduras, instalada el 23 de marzo de 2015. Estas acciones se implementan bajo el concepto regional de fuerzas combinadas entre la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas y la asesoría de Estados Unidos para tareas de control fronterizo. Según el Ministerio de Gobernación, suman ya once las fuerzas de tarea en todo el país, con la misión de inteligencia civil y militar para el control criminal, incorporando a ellas la participación del Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

LOS NUEVOS “ENEMIGOS”  A COMBATIR

No lejos de este concepto de “seguridad nacional” el gobierno de Estados Unidos se extiende en la región según sus intereses, con nuevas y más sofisticadas estrategias. También reactiva el Comando Sur. Los orígenes del Comando Sur datan de 1978, cuando el Presidente Carter anunció que crearía una fuerza especial para responder a las contingencias en el Tercer Mundo sin pasar por la OTAN. En 1979 la Revolución en Nicaragua agilizó la decisión. La misión del Comando Sur incluye asistencia financiera y técnica, transferencia de recursos, formación y servicios a los países anfitriones y promoción de contactos entre militares. Durante la Guerra Fría tenía alcance hemisférico y actuaba desde Panamá, bajo el pretexto de proteger el Canal. Y así como en aquella época el concepto contrainsurgente se aplicó a todo conflicto del que se sospechara afectaba la seguridad de Estados Unidos, hoy la guerra contra el terrorismo es el nuevo eslabón en esta larga historia de “control”.

El narcotráfico y el crimen organizado son los nuevos enemigos a “combatir” y se los enfrenta con una fuerza más potente y sofisticada. Y al igual que antes, ahora también, como adecuadamente escribió Raúl Leis en 1986, esto sucede porque “bajo la óptica globalista imperial, Estados Unidos percibe a América Latina como una región subordinada a su poder, en donde cualquier cambio “sospechoso” se constituye en una amenaza a sus intereses y debe ser controlado”.

Según Leis, dos elementos contienen la estrategia bélica de Estados Unidos. Uno es la doctrina contrainsurgente, que aplicó en Guatemala en la “guerra interna” que vivimos en las décadas de 1960-1980. Otro es la estrategia de la reacción flexible, donde se ubica el Comando Sur, con fuerzas de despliegue rápido y movilidad de efectos fulminantes cuando la coyuntura lo requiera. En su descripción oficial, el Comando Sur se presenta con la misión de posicionar a Estados Unidos como actor líder y aliado, mediante el intercambio de información, el apoyo a iniciativas regionales y la cooperación inter-agencial, no sólo con los gobiernos, también con el sector privado y las ONG.

EN RESGUARDO DE LOS INTERESES DE USA

Para Guatemala, la cooperación en “seguridad” más reciente viene desde la “Operación Martillo”, suscrita en el acuerdo de julio de 2012, derivado de convenios establecidos entre Estados Unidos y Guatemala que datan de 1949, 1954 y 1955 para el libre tránsito de aeronaves sobre territorio guatemalteco, cooperación técnica y asistencia militar.

Esta cooperación se enfoca actualmente en el combate al narcotráfico en las costas del Atlántico y del Pacífico y en otras actividades operativas conjuntas. También se tiene presencia en el norteño municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, del Centro Regional de Entrenamiento de las Fuerzas de Misiones de Paz (CREOMPAZ) de los Cascos Azules de la Organización de Naciones Unidas, bajo el patrocinio del Comando Sur.

El General John Kelly, jefe del Comando Sur, llegó a Guatemala por primera vez en febrero de 2013. En enero de 2014 hizo una segunda visita para evaluar las fuerzas de tarea conjuntas en la frontera con México. También se hizo presente en los funerales de los militares muertos en un accidente aéreo en Huehuetenango en agosto de 2014. Kelly fue uno de los miembros de la delegación de Estados Unidos en la reunión con los tres Presidentes del Triángulo Norte que llegaron a Washington a inicios de 2015 para negociar el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, lo que no deja lugar a dudas sobre la importancia que para Estados Unidos tienen los planes de “seguridad y control” en Guatemala y en la región.

En su texto en “Plaza Pública”, que tituló “Un plan de las élites”, Luis Solano informa que una de las reuniones para el Plan del Triángulo Norte la convocó el Comando Sur, con sede en Miami, y a ella asistieron funcionarios de gobierno y empresarios.

La importancia del componente de “control” en un Plan que les garantiza un mayor resguardo de sus intereses en las fronteras, cada vez más corridas hacia el sur, justificará seguramente su aprobación en el Congreso. Y de paso, ese resguardo podrán combinarlo con la vigilancia de “conflictos” considerados sospechosos, pudiendo caber entre ellos todas las protestas sociales en defensa del territorio y los recursos naturales que hoy se están desarrollando en Mesoamérica.

Entre el último documento que se está negociando en Estados Unidos y la propuesta original que surgió de los Presidentes de los tres países del Triángulo Norte con la asesoría del BID y el Banco Mundial se mantienen los cuatro ejes planteados:

– Dinamizar el sector productivo.

– Desarrollar oportunidades para el capital humano.

– Fortalecer las instituciones para aumentar la confianza.

– Mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia.

CORREDORES PRIORIZADOS

Tampoco variaron las propuestas que venían del Plan para Mesoamérica y de la versión aprobada en Guatemala para dinamizar al sector productivo: promover sectores y atracción de empleo, estrechar vínculos, oferta y demanda de empleo, integración energética, infraestructura y corredores logísticos e integración regional. Estos ejes fueron vinculados al Plan Nacional de Desarrollo, denominado Katún 2032, coordinado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), principalmente en cuanto a elegir los centros de negocios en zonas urbanas y sus centros de influencia y en cuanto a la ubicación de centros de logística de los corredores priorizados.

Los corredores priorizados, en donde se realizará una variedad de acciones, son:

– Corredor Pacífico, que une México con Centroamérica a través del litoral occidental de la región.

– Corredor Bioceánico entre Puerto Quetzal, la ciudad de Guatemala y Puerto Barrios / Santo Tomás de Castilla.

– Corredor Acajutla – San Salvador – San Pedro Sula – Puerto Cortés.

– Ramal San Salvador al Corredor Bioceánico.

– Corredor Puerto Quetzal – Ciudad de Guatemala – San Pedro Sula.

– Corredor Puerto Acajutla – San Salvador – Tegucigalpa.

– Corredor Atlántico entre Managua, Tegucigalpa y Puerto Cortés.

– Corredor Atlántico entre Belice y el Corredor Bioceánico.

UNA AMPLIACIÓN MÁS VORAZ  DEL MODELO ACTUAL

El Plan para el Triángulo Norte, originado en la “crisis humanitaria de la niñez migrante”, es un pretexto para imponer en Guatemala el modelo de seguridad nacional con enfoque geoestratégico, regional y hemisférico, y un modelo económico basado en la extracción de recursos naturales, la interconectividad eléctrica para abastecer megaproyectos e infraestructuras y la apertura e integración de fronteras para el libre tránsito de las mercancías, no así de las personas.

Este modelo, que promete más crecimiento económico y más oportunidades de empleo, no es en Guatemala sino una ampliación más voraz del modelo sobre el que se yuxtapone, el modelo agroexportador primario, que ha mantenido la estructura agraria intacta durante más de cinco décadas y que en los últimos años ha provocado la disminución del aporte del agro al PIB y con ello, la incapacidad de generar empleos rurales, expulsando a buena parte de la población campesina hacia el sector informal y forzándola a la agricultura de subsistencia y a la migración.

En esos corredores priorizados, con sus centros de negocios y la ampliación de la interconexión eléctrica, lo que veremos es una mayor resistencia de la población de esos territorios, pues en ellos se están implementando ya, de forma casi paralela y de manera impuesta, proyectos de generación hidroeléctrica de gran escala, muchos de ellos propiedad de antiguos finqueros cafetaleros de esas zonas, en los que invierten generalmente empresas transnacionales, como es el caso de la empresa Hidro Santa Cruz, con sede en España y operando en el municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango. Algo similar ocurre con los proyectos mineros de exploración y explotación de metales. Existen también diversos conflictos derivados de las altas tarifas que se cobran por el servicio de energía eléctrica en poblaciones rurales.

EL PLAN ES UN PROYECTO DE LA ÉLITE EMPRESARIAL

En el ensayo “Alianza para la Prosperidad: Un proyecto de la élite empresarial”, el investigador Luis Solano señala que los proyectos del Plan para el Triángulo Norte no sólo calzan con los intereses de la élite empresarial, sino demuestra que su autoría proviene evidentemente de sus dos organizaciones, el CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras) y FUNDESA (Fundación para el Desarrollo de Guatemala).

Ése ha sido el enfoque que ambos gremios empresariales han venido imponiendo en el desarrollo rural. Según las élites del poder económico guatemalteco, el desarrollo rural se logrará atrayendo inversiones extranjeras e imponiendo megaproyectos, aun cuando eso implique la anulación de los derechos al acceso y a la propiedad de la tierra de la población campesina y niegue el reconocimiento de los derechos que sobre sus territorios ancestrales tienen los pueblos indígenas.

Con el enfoque privilegiado por la élite empresarial, la iniciativa de ley de desarrollo rural propuesta por las organizaciones sociales ha sido engavetada más de una vez en el Congreso de la Republica. En la última década, la élite empresarial, en conjunto con el Estado, ha negado los reclamos de cientos de comunidades que han exigido se tenga en cuenta su opinión al decidir de manera informada, a través de consultas comunitarias, si aceptar o no los proyectos de minería a cielo abierto o los proyectos hidroeléctricos a gran escala. El NO de las comunidades ha tenido como consecuencia la persecución penal contra líderes, hombres y mujeres, de estos movimientos, su encarcelamiento y hasta su muerte.

El Plan para la Prosperidad no sólo impone un modelo, sino que el único actor reconocido para negociarlo ha sido el sector privado. No es casualidad que el responsable de impulsarlo desde el gobierno sea Juan Carlos Paiz, Comisionado para la Competitividad y la Inversión, prominente empresario y ex-presidente del CACIF, fundador y directivo de consorcios empresariales de capital nacional y foráneo. Tampoco es casualidad que quienes han acompañado a la delegación guatemalteca para reunirse con las contrapartes estadounidenses han sido empresarios representados en el CACIF y en FUNDESA.

LA CICIG: “EL PELO EN LA SOPA”

El único “pelo en la sopa” para el poderoso sector empresarial y para el gobierno ha sido la condicionante expresada por el Vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la reunión con los tres Presidentes del Triángulo Norte, al hablar de la necesaria continuidad de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), no sólo en nuestro país, sino en toda la región centroamericana.

Con un amplio y significativo mandato, la CICIG fue creada en diciembre de 2006 por un acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco. Trabajó hasta 2014 como órgano independiente de carácter internacional apoyando al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado en la investigación de delitos cometidos por grupos ilegales y clandestinos, colaborando en su desmantelamiento y fortaleciendo a los órganos de la justicia para erradicar la impunidad.

Es patético que los mismos actores que hace un año condicionaron a la Corte de Constitucionalidad para que emitiera un fallo que detuviera el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt, contradiciendo a las organizaciones de derechos humanos que han venido defendiendo la justicia transicional con diversos juicios a militares por su participación en la guerra interna y que han luchado por la urgente necesidad de desestructurar las organizaciones criminales incrustadas en las diferentes instancias del Estado, sean precisamente los que han negociado este proyecto en Estados Unidos.

UN ESTADO AUSENTE

Como rector y garante del bien común, el Estado de Guatemala está ausente de este proyecto. Es éste un Estado en el que, a mayor pobreza en estos mismos territorios, responde con menor inversión pública, según la reciente investigación del Instituto de Estudios Económicos de la Universidad Rafael Landívar. Es éste un Estado que, según lo demuestra el ICEFI (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales) al sentar su posición frente al Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, permite que el poder adquisitivo del salario mínimo sea en 2015 un 75.8% del que tenía en 2012. Es éste el Estado de un país donde los hogares con ingresos más altos reciben 24 veces más que el quintil de la población más pobre.

EL PLAN NO SUSTITUIRÁ LAS REMESAS

En el Plan para el Triángulo Norte se mencionan algunos proyectos de crédito rural, riego, mercados rurales, educación y prevención del delito en la juventud y fondos semilla para empresas con migrantes retornados y deportados. Son proyectos a la usanza de la vieja tesis de la “economía del derrame”, pues el mayor financiamiento del Plan está destinado a los megaproyectos y no a las pequeñas economías campesinas y urbano-marginales, de las que proviene la población migrante.

Difícilmente estos proyectos podrán sustituir los ingresos que las familias guatemaltecas reciben en forma de remesas de la población que abandona Guatemala en busca de oportunidades. En 2014 las remesas alcanzaron más de 5 mil millones de dólares. Difícilmente, sin cambios en la estructura agraria, en el crédito rural y en otros programas sociales, los programas del Plan para la Prosperidad lograrán disminuir la brecha de subutilización de mano de obra que existe hoy en el campo, que es de un 32%, según Peter Marchetti, asesor académico de la Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección Social de la Universidad Rafael Landívar. Difícilmente, un Plan que será más de lo mismo de un modelo que expulsa población y no permite la inserción de la población deportada, podrá garantizar una vida digna a la niñez que seguirá emigrando.

Aunque demócratas y republicanos aún deben aprobar en el Congreso de Estados Unidos el Plan, el Presidente Otto Pérez Molina ya dijo que se realizará con o sin los recursos de Estados Unidos, previstos a ser de 1 mil millones de dólares anuales, durante cinco años para los tres países. Quizás Pérez Molina diga eso porque es ya un plan en curso, que se viene imponiendo desde el empresariado y con el aval de los gobiernos de turno.

¿QUÉ NOS QUEDA?

Ante este escenario, ¿qué le queda a la sociedad civil? No otro camino que el de construir alianzas para tejer una trenza contradireccional a la del “crimen organizado, tráfico de personas y represión”, una que entrelace las reivindicaciones por la memoria y por la justicia, por los derechos humanos, por la migración como un derecho, por territorios libres de minería metálica y por decisiones libres e informadas.

La única esperanza es, en el país del Norte, las luchas de la población migrante por su documentación y su ciudadanía. Y en Guatemala, son esperanza las luchas de los pueblos en sus territorios y la emergencia de liderazgos de mujeres y de jóvenes con pensamiento crítico y progresista que interpelan el modelo vigente y trabajan por construir un país diferente.

INVESTIGADORA SOBRE MIGRACIONES EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y GERENCIA POLÍTICA (INGEP) DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVARY PARTE DEL EQUIPO COORDINADOR DE OBIMID.



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