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Sin embargo, la realidad misma urge al establecimiento de un espacio mínimo de interpretación: la violencia ejercida contra las poblaciones migrantes, las políticas de exclusión institucionalizada que el Estado ejerce contra el inmigrado y la presencia del crimen organizado que ha hecho de la movilidad humana - en especial de la indocumentada- un mercado para el tráfico y la trata nos comprometen a la generación de criterios básicos convergentes entre los analistas, las organizaciones de la sociedad civil y el aparato estatal.

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