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Un informe denuncia las condiciones a las que se ven sometidos los migrantes que esperan saltar la valla a las puertas de Melilla

MIGRACIONES SJM 2¿Qué ocurre con los migrantes que esperan pasar a España en la frontera sur, al otro lado de la valla? Esta es la pregunta a la que el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de Comillas (IUEM) y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) han respondido en el informe “Sin protección en la frontera. Derechos humanos en la Frontera Sur: entre Nador y Melilla”. Según el documento, elaborado con la información recogida en cientos de entrevistas por investigadores del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, entre 1.500 y 2.000 subsaharianos esperan en Nador en condiciones inhumanas su oportunidad de cruzar a la península. Todos sufren vejaciones y malos tratos, por lo que se están vulnerando los derechos humanos. El informe achaca esta situación al reforzamiento de la valla, a las devoluciones en caliente y a la colaboración entre las policías de España y Marruecos. Todo esto ha provocado que en 2015 se produjeran solo once saltos a la valla, que únicamente 100 migrantes lograran pisar suelo español y que se estén abriendo rutas más peligrosas.

El documento denuncia las condiciones de vida de los subsaharianos en los bosques de Nador, que deben esperar hasta tres años una oportunidad para atravesar la frontera ocultos en un coche (por lo que pagan hasta 2.000 euros a las mafias), en pateras (entre 1.000 y 2.000 euros y una media de dos intentos por persona) o saltando la valla, que es el método más peligroso, “porque conseguir papeles en regla es imposible para ellos por el color de su piel”.

En este sentido, los responsables del SJM denuncian la Ley de Asilo. “Muchos subsaharianos que podrían acogerse al derecho de asilo no pueden acceder a la Oficina de Asilo de Melilla porque son rechazados violentamente por las autoridades marroquíes solo con acercarse”, se lee en el informe. Para sus autores “resulta extremadamente preocupante esta situación, que no se puede comprender ni normalizar, y que afecta también a las mujeres víctimas de trata, que tampoco pueden acceder a esas oficinas”.

Asimismo, el informe solicita la derogación del “rechazo en frontera” que establece la Ley de Extranjería, así como medidas de protección para mujeres y niños. En estos casos, el informe registra violencia y abusos de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes (FAMM) que arrasan varias veces por semana los asentamientos quemando sus escasas pertenencias. Además, muchas mujeres son prostituidas en los bosques y, si quedan embarazadas, pueden ser obligadas a abortar.

En cuanto a los sirios –considerados inmigrantes ilegales por las autoridades marroquíes– logran adquirir documentación falsa, marroquí o española, por unos 1.000 euros por adulto y entre 400 y 700 euros por niño. “Resulta extremadamente preocupante que las familias sirias, que vienen huyendo de un conflicto armado, se vean obligadas a cruzar de esta manera, uno a uno, y que sean separados en Melilla, con niños de tan poca edad”, según se lee en el informe. “Es inaceptable que todas estas personas se vean obligadas a pagar sumas tan elevadas de dinero, y más aun teniendo en cuenta que muchas están necesitadas de protección internacional”.

En cuanto al CETI, el informe señala que “no se comprende cómo después de 17 años desde su apertura todavía no tenga una normativa reguladora de la estancia de sus residentes. Tras seis años desde la entrada en vigor de la Ley de Asilo, todavía no se ha desarrollado un reglamento de acogida”. “Es especialmente grave la ausencia de un régimen de traslados a la península”, subraya el documento.

 



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