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jornadatrata-hEl Instituto de Estudios sobre Migraciones de Comillas (IUEM) y Accem organizaron la jornada "Visibilizando lo oculto: Trata de personas", en el marco de las celebraciones por el vigésimo aniversario del instituto. Pese a la importancia creciente del problema, a escala nacional e internacional, aún existe un gran desconocimiento sobre el fenómeno, especialmente sobre las variedades distintas a la de fines de explotación sexual. Las previsiones aseguran que la trata ilegal de seres humanos superará pronto en volumen de negocio al tráfico de drogas y al de armas, convirtiéndose en la actividad criminal más lucrativa del mundo. Más que como problema de orden público o inmigración, debe abordarse como una violación de los derechos humanos fundamentales, coincidieron los expertos.

Inauguraron la jornada Mercedes Fernández, Directora del instituto, y Julia Fernández Quintanilla, Directora de Accem. "La trata de personas, tan oculta hasta hace relativamente poco, constituye hoy una cuestión emergente para investigar y para actuar, haciéndose visible desde distintas instituciones y organizaciones", comenzó la Directora del IUEM. Fernández recordó que el Papa Francisco la ha definido como la esclavitud más extendida del siglo XXI. Para Fernández Quintanilla, la trata de seres humanos es una gran mancha que se extiende en nuestras sociedades, pero cuya visibilidad es muy escasa. En su opinión, la creación de espacios comunes de trabajo, como la propia jornada, es fundamental para compartir conocimiento y avanzar en el camino de la defensa y protección de las vidas y la persecución de las redes de trata.

Agni Castro Pita, de Accem, comenzó con una exposición de los conceptos fundamentales alrededor de la trata de seres humanos, un problema que se remonta a la antigüedad, y que hoy afecta a 21 millones de personas, detrás de cada una de las cuales hay un drama humano. "El problema se enfoca como de orden público o inmigración irregular, pero siempre debe considerarse como una violación de los derechos fundamentales de la persona". La trata, explicó, es el acto de captación, transporte, traslado, acogida y recepción de personas a través de amenazas o uso de la fuerza, coerción, rapto, fraude o engaño, aprovechando una situación de vulnerabilidad para obtener un pseudoconsentimiento, con el objetivo de la explotación de las personas. Los autores son redes criminales trasnacionales que operan en países de origen, tránsito y destino, y están apoyadas por familias cercanas, funcionarios corruptos o transportistas, entre otros, pero también por grandes mafias internacionales, lo que aumenta la peligrosidad y el riesgo en el combate de esos grupos.

La aproximación jurídica a la trata, que está considerada un crimen de lesa humanidad, la hizo Teresa de Gasperis, de Accem. No se introdujo en el ordenamiento jurídico español hasta una fecha muy reciente, en 2010, y aunque existe un plan contra la trata con fines de explotación sexual, se echan en falta acciones contra la trata con fines laborales y de otro tipo. De Gasperis resumió el protocolo marco de actuación, que distingue entre detección, que pueden hacer las organizaciones, e identificación formal, que es competencia de las unidades policiales. Además, destacó un dato, en el que coinciden los informes de la Unión Europea y de la Defensora del Pueblo: solo se descubre a una de cada 20 víctimas potenciales de trata con fines de explotación sexual. "Hay que trabajar mucho en la detección, porque muchas víctimas se nos escapan", afirmó. Las redes siempre están un paso por delante, añadió: "Nosotros tardamos en reaccionar y adaptar nuestro sistema legal, y ellos van buscando nuevas modalidades para continuar con su negocio".

jornadatrataPilar Casas Navarro, de la Fundación Solidaridad Amaranta, expuso cómo trabaja su institución con menores víctimas de trata. "Ha habido mucho daño, mucho sufrimiento, se han vulnerado muchos derechos y creemos que hay obligación de reparación del daño", afirmó. Destacó la necesidad de tener en cuenta las pautas culturales en la atención a las víctimas, en su caso niñas y jóvenes. "No es lo mismo ser de un país que de otro, tener una edad u otra, haber pasado por un país u otro", lo que dificulta especialmente las entrevistas con los policías para la identificación, en las que el protocolo establece la necesidad de que detallen todo el proceso que han vivido. "Los derechos vulnerados están directamente relacionados con la dignidad de la persona y nosotros pretendemos que en 30 días [el período que determina la ley para su restablecimiento] lo superen". Casas denunció también las barreras autonómicas, que dificultan la protección del interés superior de estas menores, que en ocasiones tienen que cambiar de residencia por motivos de seguridad: "Una inadecuada intervención puede colocar a una menor en mayor situación de desamparo y vulnerabilidad", dijo, y citó casos de menores que se han perdido durante traslados de una comunidad a otra.

María José Castaño, investigadora del IUEM, dedicó su ponencia a la jurisprudencia. La del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se limita a dos sentencias, una que recoge la obligación estatal de incluir la trata como un delito en la legislación interna, y otra que establece las obligaciones del Estado con las víctimas. En general, señaló, las jurisprudencias nacionales amplían y mejoran lo recogido por el TEDH. Para Castaño, "hay que contextualizar las situaciones en el marco de las sociedades donde se están dando", y los estados no pueden mantener su ceguera ante las realidades detrás de las que se oculta la trata: "Tienen la obligación de investigar".



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