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Seminario-Irene-Claro-webEl Seminario Permanente de Relaciones Internacionales, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, cerró su primer año con una ponencia de la profesora Irene Claro titulada "Las reclamaciones de los pueblos indígenas frente a los estados: ¿una pelea de David contra Goliat?". Ante profesores e investigadores del Departamento de Relaciones Internacionales y de la Facultad de Derecho (ICADE), la ponente analizó la situación de los pueblos indígenas como nuevos sujetos de derecho internacional, en el marco del continente americano.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, encargada de velar por los derechos humanos en todo el continente, ha comenzado a reconocer derechos a algunos colectivos como los grupos y gentes tribales o los campesinos, un paso importante dado que hasta hace poco solo conocía derechos individuales. En los últimos años, varios pueblos indígenas de Paraguay, Surinam o Ecuador han podido reclamar su derecho a la tierra y a sus recursos, una reclamación que en ocasiones encierra una importante carga simbólica, más allá de la concepción occidental de la propiedad, explicó. Claro expuso uno de los casos más sonados, el enfrentamiento del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku contra el Gobierno ecuatoriano, en el que la corte falló a favor del pueblo tras la ocupación de parte de su territorio por una compañía petrolera con el consentimiento del Gobierno. No obstante, tras el fallo de julio de 2012, los Sarayuku continúan con su lucha para que la sentencia se cumpla, como relató en persona Eriberto Gualinga, uno de los 1.200 miembros de este colectivo, en una visita a nuestra universidad del pasado mes octubre para presentar su documental Los descendientes del Jaguar.

Claro recordó que aunque estos derechos están recogidos en convenciones como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo, su aplicación sigue siendo voluntaria y problemática. Por ejemplo, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, aprobada en 2007, establece una serie de requisitos para reconocer estos principios, pero resulta difícil de poner en práctica: se requiere la participación, el consentimiento y la consulta al pueblo, pero surgen las dudas sobre a quién se consulta exactamente o cómo se consiente. También exige repartir los beneficios de la actividad económica, aunque no se específica con qué criterio, y llevar a cabo estudios previos de impacto social y medioambiental.

Además, como se discutió en el coloquio posterior, estos acuerdos tan solo se dirigen a los estados, por lo que en ningún caso vinculan a las empresas multinacionales, que son, en muchos casos, las responsables del daño. Queda pendiente conseguir que las empresas se responsabilicen de las consecuencias de sus actuaciones y encontrar así un equilibrio entre los derechos de los pueblos a la tierra y los recursos y el progreso económico de las regiones.



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