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Presentacion-SJMEl Servicio Jesuita a Migrantes España (SJM-España) ha presentado en la universidad, en el marco del vigésimo aniversario del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM), el documento “Que no se ahogue la esperanza”, que recoge las propuestas de la organización a los candidatos al Parlamento Europeo para garantizar los derechos humanos en las políticas de inmigración e integración en la próxima legislatura del Parlamento Europeo. La presentación, presidida por la Directora del Instituto, Mercedes Fernández, la realizaron Cristina Gortázar, autora del documento y profesora de Comillas, y Miguel González, coordinador del SJM-España.

La cuestión fundamental que se ha planteado en el documento es: ¿Qué programa y qué estrategia deben situar al actual Programa de Estocolmo en la política de fronteras, inmigración y asilo? Y la base sobre la que se asienta todo el texto es que la debida protección de los derechos humanos debe prevalecer sobre cualquier otro legítimo interés estatal o comunitario que se encuentre aparentemente enfrentado con los derechos humanos.  

El SJM-España ha ofrecido una serie de propuestas en diversos campos. En el de acceso de la inmigración a la UE, ha propuesto, entre otras cosas, “estudiar nuevos canales para la inmigración legal (visados para búsqueda de empleo, inter alia) y reabrir el debate sobre la política general de visados, que debería sustituir el sistema por países por un sistema más individualizado”, así como “establecer mecanismos efectivos en los países fronterizos con la UE (como Marruecos y Argelia) que identifiquen a personas con necesidad de protección y garanticen la protección necesaria”.

En materia de integración de la inmigración en la UE, ha sugerido “avanzar decididamente hacia un estatuto de la población inmigrada nacional de terceros Estados, similar al de los ciudadanos de la UE, incluyendo también un derecho comparable en materia de libre circulación” y orientar la integración hacia la inclusión social.

Sobre la gestión de la inmigración irregular, ha pedido “desarrollar y aplicar por parte de los Estados miembros sistemas razonables y flexibles de regularización de personas inmigradas en situación irregular, toda vez que la denominada Directiva de Retorno de la UE no obliga a su expulsión. Obliga: bien a la expulsión, bien a su regularización”. También ha instado a “priorizar y asistir el retorno voluntario de personas inmigradas” y “paralizar de manera inmediata los procesos de retorno forzoso a un Estado que no sea miembro de la UE, si este no garantiza la protección de los derechos humanos de las personas migrantes”. Asimismo, como en otras ocasiones, se ha reafirmado en que hay que “impedir el uso arbitrario del internamiento y garantizar que las limitaciones a la libertad sean una medida excepcional”, aparte de “implantar una política de retorno voluntario basada en el diálogo y el apoyo a las personas inmigradas en su reintegración en el país de origen, y no en la represión y la coacción”. Y, por supuesto, ha subrayado que se ha de “garantizar el ejercicio de los derechos de las personas internadas, cuya única limitación debe ser la falta de libertad circulatoria”.

Y en cuanto a “garantizar la identificación y el acceso a protección de posibles solicitantes de asilo en las fronteras de la UE, especialmente en Ceuta y Melilla”, el director del SJM-España, Miguel González ha dicho que “sería posible organizar una misión con un grupo de letrados expertos en protección internacional que identifique a las personas susceptibles de protección que saturan los CETI, para trasladarlos a la península”. Y que “ante la saturación de los CETI se podría hacer una misión de jueces que puedan identificar a las personas que necesitan protección internacional”. También ha señalado la necesidad de que “colaboremos con los países de origen, porque la gente que llega a Melilla viene de países en conflicto, con unos itinerarios durísimos y se quedan atascados… Europa tiene que plantearse seriamente la colaboración con los países de origen de la inmigración y con los países donde se quedan atascados y poner recursos”.

En materia de asilo, entre otras cosas, el SJM-E ha solicitado “garantizar la identificación y el acceso a protección de posibles solicitantes de asilo en las fronteras de la UE, especialmente en Ceuta y Melilla”, y que la Unión Europea “debe disponer la no-criminalización de la asistencia humanitaria brindada por individuos u organizaciones a los solicitantes de protección: por ello, debe modificarse la Directiva 2002/90/EC y sustituirse la actual disposición de aplicación optativa (may not) por otra de carácter obligatorio (shall not)”. Y también desde el SJM-E se ha afirmado esta mañana que “se han de aprobar normas de la UE claras sobre la obligatoria asistencia y rescate en el mar. Las normas de derecho internacional sobre salvamento y rescate deben priorizarse (aclarando, en su caso, cualquiera de sus aspectos) respecto de cualquier otra norma estatal o comunitaria. La UE debe rechazar tanto el push back (devolución en la que no se garantizan mínimamente los derechos humanos, ver la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Hirsi Jamaa contra Italia, 23 de febrero de 2012) como también el pull back (esto es, colaborar con autoridades de terceros países para impedir que las personas puedan abandonar un país)”.

Presentacion-SJMhEn este sentido, la profesora Cristina Gortázar ha expuesto tres casos en los que la Unión Europea ha condenado a tres estados miembros, Bélgica, Grecia e Italia, por vulnerar la protección de derechos humanos para salvaguardar una normativa interna de su Estado y ha señalado que ahora el punto de mira está en Bulgaria, donde los solicitantes de protección o inmigración están viviendo graves situaciones de vulnerabilidad de derechos. En estos casos mencionados, ha señalado la profesora, “el control o monitoreo falló y las personas defendidas recibieron al final el derecho a residir en la Unión europea y una indemnización económica” porque entre otras cosas “a estas personas no se les preguntó de qué huían ni si querían protección”.

Preguntada sobre la legalidad de las llamadas “devoluciones en caliente” ha señalado que no existe ningún resquicio que permita justificar que las devoluciones están de acuerdo con la legalidad vigente y, por tanto, España “está vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho de la Unión Europea y el propio derecho español”. Además, ha querido dejar claro que “si externalizamos el control, hay que externar la protección de los derechos humanos”. Por último, ha expresado su temor por las prisas con las que se quiere ahora modificar la Ley de Extranjería, señalando que “no se puede modificar vulnerando el derecho internacional”.

Con respecto a los visados humanitarios y entradas protegidas, el SJM-España ha afirmado que “deberían ser herramientas cruciales (el 56 por ciento de los refugiados de Siria son mujeres y niños), y el código de visados debería permitir el acceso a las embajadas en países de persecución y tránsito”.

Por último, respecto al control de cumplimiento de la normativa de derechos humanos en las políticas de inmigración y asilo, el SJM-E ha dicho que hay que mejorar la eficacia del sistema de monitoreo de la Comisión Europea y fomentar los recursos de los jueces internos a la vía prejudicial, como herramienta útil para lograr la armonización en la práctica de las políticas comunes de fronteras, inmigración y asilo.

Junto con las propuestas para la actividad legislativa, el SJM-E ha invitado a la opinión pública a la reflexión y el debate sobre el control democrático de la gestión de la frontera sur, las alternativas al internamiento de personas extranjeras y el refuerzo de un sistema de salud inclusivo y no excluyente.



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