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Informe-CIEgrandPatricia Johnson, una mujer nigeriana de 33 años, que llegó a España en 2005 y vive en Parla de forma estable, fue detenida en la calle por sus caracteres raciales y trasladada a un centro de internamiento de extranjeros (CIE), sin tener antecedentes penales ni saber si había orden de expulsión contra ella. De nada sirvió que dijera a la Policía que debía recoger a su hijo de 10 años cuando saliera del colegio. Su estancia en el CIE fue angustiosa porque no sabía qué pasaba con el niño, ni si la expulsarían y no se volverían a encontrar. A los 15 días, salió del CIE porque un juez estimó el recurso de su abogada. Patricia, nombre ficticio, tuvo suerte porque contó con ayuda, pero la situación no fue la misma para las 3.000 personas que pasaron por el CIE de Madrid y las 1.584 que lo hicieron por el de Barcelona el año pasado, según el Informe CIE 2013 "Criminalizados, internados, expulsados", de Pueblos Unidos, entidad del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que se presentó en Comillas, en el marco de los actos conmemorativos del vigésimo aniversario del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM).


Muchos inmigrantes acaban en los CIE por carecer de residencia, a pesar de llevar muchos años en España. Son personas muy arraigadas en nuestro país, pero cuentan con una orden previa de expulsión porque no han podido regularizarse o no han podido renovar sus tarjetas de residencia, frecuentemente por haber perdido su empleo. Un elevado número de internos cuentan que su solicitud de regularización ha sido denegada, una o más veces, al no haber podido aportar un contrato de trabajo, a pesar de haber estado trabajando durante muchos años sin contrato. Detrás de la falta de papeles, los grupos de visitas de Pueblos Unidos, que de manera estable acuden al CIE de Madrid y, con mayores dificultades, al de Barcelona, descubren con frecuencia personas en situación de pobreza o de exclusión, con problemas de alcoholismo o drogadicción, o con enfermedades mentales. "No son delincuentes, sino pobres", afirmó Daniel Izuzquiza, SJ, Coordinador de Incidencia Pública de Pueblos Unidos, después de que la Directora del IUEM, Mercedes Fernández, introdujera el acto y diera las gracias a todas las entidades que colaboran con el instituto.


Cristina Manzanedo, abogada de la organización, señaló que la privación de libertad, que es un derecho fundamental, por una falta administrativa es algo muy serio; tanto que la legislación europea y la española conciben el internamiento como una medida excepcional, hasta el punto de requerir autorización judicial previa. Aproximadamente, un tercio de los inmigrantes internos son jóvenes recién llegados a España en pateras o por Ceuta y Melilla. A todos se les considera inmigrantes económicos y se les traslada a los CIE para su repatriación. Pero, entre ellos, los grupos de visitas han descubierto a personas con necesidades de protección no atendidas: posibles refugiados, menores, mujeres víctimas de trata de seres humanos, enfermos. Tienen derecho a protección según la ley, pero la identificación en Ceuta y Melilla es deficiente, y no existe en los casos de migrantes llegados en pateras.


Nuestro marco legal es garantista, sin embargo, en las visitas a los CIE se constata que las garantías no se cumplen en la práctica, o solo formalmente. En España se abusa del internamiento, según Manzanedo. Los CIE son puerta de entrada y de salida de España y, entre los internos hay perfiles muy diferentes, invisibles a los ojos de la Policía y ocultos tras una orden de devolución o expulsión por estancia irregular. Las hay que han trabajado, pero sin papeles. Hay personas enfermas, para las que la expulsión supone una condena a muerte; o gente con menores a su cargo, con familia, o hijos nacidos en España... En todos estos casos, el derecho del Estado a expulsarlos entra el conflicto con el derecho humanitario.


Realmente, la Policía no sabe a quién tiene en los CIE en muchos casos, porque el derecho de extranjería requiere analizar cada situación y valorar las circunstancias jurídicas y familiares, además de que se exploren alternativas al internamiento, que no sea la privación de libertad. Según el Tribunal Constitucional, la privación de libertad administrativa es legal cuando hay supervisión de los juzgados de instrucción; pero los autos constatan que lo único que se hace es una ratificación formal de la petición de la Policía para el internamiento, y además los inmigrantes carecen de defensa adecuada.


Izuzquiza afirma que el informe conjuga el rigor jurídico con el conocimiento cotidiano de los CIE. En 2013 se visitó al 10 por ciento de la población internada, todas las semanas de todo el año. Ángel Campos, Coordinador del grupo de visitas al CIE de Madrid, manifiesta que hay multitud de internos que no deberían estar allí. Las situaciones descubiertas atentan contra los derechos de los internados, y se repiten año tras año. Los internos deberían ser informados, a su llegada al CIE, de su situación legal; pero no se les da información, lo que produce indefensión legal.


La situación sanitaria en los CIE es terrible. No hay enfermerías para aislar a los enfermos, ni traductores para facilitar la relación con los médicos. La Cruz Roja les atiende detrás de una raya pintada en el suelo por razones de seguridad. A la vista del estado de algunos internos visitados, se sospecha que se practica la sobresedación con antiansiolíticos, para mantenerlos en calma; pero no hay psiquíatras, ni dentista, ni se les entregan partes de posibles agresiones, ni se envían a los juzgados de control como es preceptivo. La suspensión de tratamientos, derivada de las expulsiones, pone en peligro las vidas de enfermos de diabetes, tumores, problemas psicológicos, etc.

Informe-CIEpeqAbusos policiales
Con relativa frecuencia se dan situaciones que la Policía resuelve por la fuerza, bien ingresando al interno en una celda de aislamiento, o con la entrada en el CIE de la Unidad de Intervención Policial. El informe refleja también el empleo de medidas sancionadoras y actuaciones policiales extraordinarias fuera de control, así como comportamientos racistas, vejatorios y agresivos por parte de algunos policías que les vigilan o les custodian en sus traslados. Según Izuzquiza, pueden ser hechos aislados, pero, por un corporativismo mal entendido y para que no se conozca lo sucedido, los mandos impiden que trasciendan y sean sancionados, lo que vuelve la situación sobre todo el cuerpo policial. La responsabilidad de los CIE recae sobre la Policía, que no está preparada para gestionar este tipo de centros, y este tipo de actuaciones sigue produciéndose aunque se han dictado cinco autos judiciales contra ellas. El interno, a veces, desobedece una orden que no entiende por razones de lenguaje, pero la mayor parte de las agresiones ocurren cuando se les traslada al aeropuerto para expulsarlos y se resiste a entrar en el avión. En otras ocasiones, los inmigrantes, separados de sus familias y carentes de información sobre su situación, recurren a medidas desesperadas, huelgas de hambre o intentos de suicidio.


Margarita García, Vicepresidenta del Patronato de Migrastudium, del SJM, que se encarga de las visitas al CIE de Barcelona, informó que ha habido que recurrir a los juzgados para conseguir que la dirección del centro normalizara en alguna medida las visitas, y que están pendientes de que haya una nueva regulación con el reglamento recién aprobado para los CIE; pero desde junio ignoran de qué forma se va a mantener el sistema. Todo depende del funcionario de turno: el tiempo de visita, entrar en contacto con el interno que se pretende ver, entregar una tarjeta de contacto o desarrollar la defensa jurídica de los internos.


Izuzquiza aseguró que Pueblos Unidos y el SJM quieren llamar la atención al Ministerio de Interior y al Cuerpo Nacional de Policía, pero también a otros actores muy significativos que deben cumplir su responsabilidad para mejorar la realidad de los CIE: Los juzgados y el Consejo General del Poder Judicial, los abogados y el Consejo General de la Abogacía de España, la sociedad en su conjunto y las ONG. Respecto al reglamento recientemente aprobado, lo más importante es que haya un cambio efectivo de modelo en el régimen de internamiento que supere el sistema policial actual, y se evite que en cada centro se haga lo que quiere el Director de turno.
En segundo lugar, agregó, es preciso que se cumplan escrupulosamente las normas vigentes y que se refuercen las medidas de protección a las personas recién llegadas a nuestro país. Más allá de mejorar las condiciones de internamiento, lo importante es que las garantías procesales se apliquen según la ley. En tercer lugar, que los internos, o las entidades sociales autorizadas por ellos, tengan acceso al expediente personal y a la información legal, y que se refuercen las medidas para prevenir y controlar los abusos policiales.


En el turno del coloquio, Manzanedo insistió en que "no se puede expulsar a nadie en las condiciones que se está expulsando, porque contraviene la legalidad europea; pero ni los jueces ni los abogados españoles tienen el conocimiento necesario de la legislación y las resoluciones de los tribunales de derechos humanos y europeos". El plazo máximo de internamiento es de 60 días y la media de 26, según el Ministerio del Interior. Se sale de los CIE por agotamiento del plazo de internamiento, por falta de documentación o falta de acuerdo con los consulados de origen sobre la repatriación del interno, porque un juzgado decreta que no puede continuar el internamiento, o porque la Administración levanta la medida en situaciones muy excepcionales: cuando se acredita en la Comisaría de Extranjería situaciones de enfermedad, por solicitud de arraigo pendiente de resolución o por tener menores nacidos en España a cargo del interno, entre otras.



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