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El foro se centró en la creación de un marco específico para la protección de los menores con discapacidad

Justicia e infanciaokComillas acogió el IX Foro "Justicia e Infancia: Recomendaciones y buenas prácticas para la mejora de la atención a niños, niñas y adolescentes en el ámbito jurídico" liderado por FAPMI-ECPAT España, con la colaboración de la Cátedra Santander de Derecho y Menores de Comillas, y que este año llevaba por título "Criterios de interpretación y aplicación del nuevo marco normativo del sistema de protección jurídica de la infancia y la adolescencia".

Este nuevo marco hacía referencia a la importante reforma en la legislación sobre protección de la infancia, principalmente mediante la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Clara Martínez García, Directora de la cátedra, inauguró la jornada apelando a la defensa y la protección del derecho de los menores, y haciendo "que la ley sea un instrumento útil".

En esta edición, el foro ha estado centrado en la promoción de un marco jurídico específico para la protección integral de cualquier forma de violencia de niños, niñas y adolescentes. En esta ocasión se ha tenido en especial consideración a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual o del desarrollo. La razón es que en nuestra sociedad existe, por una parte, una especial incidencia, prevalencia e impacto en los menores como víctimas de la violencia, y, por otra, un déficit en la detección de esos casos y situaciones de violencia por parte de los agentes y adultos de referencia.

En cuanto al marco general, las principales conclusiones a las que se llegó fueron la necesidad de una nueva tipología del maltrato por existencia de un contexto sexofóbico que no se circunscriba únicamente al abuso sexual, y la necesidad de mejorar la audiencia al menor (al menor sólo se le oye en primera instancia, sólo se cumple por tanto aquí el derecho a ser oído). Se destacó el giro jurisprudencial desde el Tribunal Supremo, producido tras la sentencia de la Sala Primera de 26 de noviembre de 2015, que faculta al juez a suspender el régimen de visitas y estancias al progenitor condenado por maltrato ejercido sobre sólo uno de sus hijos valorando los factores de riesgo existente sobre el otro hijo (ya recogido en la ley vasca de 2015 de custodia compartida).

También se trató ampliamente el tema de la llamada justicia terapéutica, que ha de ser tenida en cuenta en los procesos de separación y divorcio en relación con los menores en su derecho a ser oídos y escuchados, que no es lo mismo que ser preguntados. Como propuestas concretas, se abogó por una jurisdicción especializada de familia, un Libro blanco sobre este tema y de justicia terapéutica.

El análisis del marco jurídico desmenuzó con detalle la nueva regulación, poniendo de manifiesto los aspectos más acertados y los que pueden entrañar alguna dificultad de interpretación y aplicación. Así, se apuntó la mejor regulación de la figura de la situación de riesgo, los difusos límites de la guarda provisional, los retos del acogimiento familiar en España (más del 75% de los niños sujetos a medida de protección se encuentran en centros residenciales, no en acogimiento familiar, cuando la regla debería ser la contraria, según la nueva ley) o los cambios en el procedimiento de adopción (principalmente la supresión del acogimiento familiar preadoptivo).



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