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El servicio de interpretación en comisarías y juzgados lo gestionan actualmente macroempresas con personal sin preparación adecuada

Clase con cabinas de interpretación-005La Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación de las Universidades Españolas (CCDUTI), de la que forma parte Comillas, respalda el rechazo de las organizaciones españolas y europeas de estos profesionales (Red Vértice, Filse y Eulita) al actual texto del proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), y su petición al Ministerio de Justicia para que se tengan en consideración las enmiendas que garantizan la cualificación profesional de los intérpretes y traductores que intervienen en comisarías y juzgados.

Las organizaciones profesionales, que cuentan con el apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y de oenegés internacionales como FairTrials, reclaman que la LEC, actualmente en trámite parlamentario en el Congreso, impida que la intervención de personas sin la adecuada preparación profesional acarre graves consecuencias para los derechos de las personas que se ven inmersas en un proceso penal.

En un comunicado difundido por el conjunto de organizaciones citadas, se señala que “el Partido Popular podía atajar el vacío legal que hoy en día permite que cualquier persona sin la formación adecuada actúe como traductor en las comisarías y juzgados españoles, mediante la aplicación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, la pasada semana el partido del Gobierno rechazó, en el Congreso de los Diputados, las enmiendas presentadas por todos los grupos políticos de la oposición al proyecto de ley que reforma la de enjuiciamiento criminal con la finalidad de transponer la normativa europea al respecto. Esta total ausencia de voluntad de consenso ha sorprendido al resto de grupos políticos, al tratarse de una cuestión que, por su importancia, no debería plantear confrontación ideológica alguna”.

Según las citadas organizaciones, actualmente el servicio de intérpretes en las comisarías y juzgados españoles lo gestionan macroempresas que envían a personas no cualificadas, en algunos casos incluso con antecedentes penales, para intervenir en tomas de declaración y juicios. Son muchos los profesionales con formación que se niegan a trabajar para dichas empresas, que pueden cobrar hasta 50 euros por hora de la administración de justicia y, sin embargo, abonan ocho euros por hora a los intérpretes que realizan el servicio.

“La reforma de la ley que plantea el PP ―continúa el comunicado― no recoge ninguno de los mecanismos expuestos en las directivas aprobadas por la UE para garantizar la calidad de los traductores e intérpretes que trabajan en comisarías y tribunales, un sector profesional nuevo con un gran intrusismo profesional que supone además una gran amenaza a los derechos de las personas que se ven inmersas en un proceso penal”.

 “Hay que aprovechar la oportunidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y regular como es debido un servicio de calidad según la normativa europea, o no se podrá impartir justicia con garantía alguna sin son personas no cualificadas las que realizan este trabajo”, indica Juan Miguel Ortega, Presidente de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ), una de las organizaciones que integra la Red Vértice.

Una mujer extranjera víctima de violencia machista a la que su intérprete aconseja volver con su maltratador, un marinero senegalés al que el intérprete extorsiona en un caso de tráfico de drogas, un intérprete que filtra información al proxeneta tras haber intervenido con una mujer nigeriana víctima de trata…., son algunos de los casos que las organizaciones profesionales denuncian que se están produciendo en nuestros tribunales y comisarías “sin que hasta ahora se haya hecho nada por evitarlo”, señala el comunicado.



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