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Comillas analiza las causas y soluciones a la pobreza energética en países desarrollados en una aproximación desde la economía

Pobreza energetica en paises desarrollados 10-12-2014004

Apagar la luz o la calefacción cuando no se necesita es un comportamiento básico en cualquier casa y hay que acostumbrarse a hacerlo, por el planeta y por nuestro bolsillo. Pero para una familia en situación de vulnerabilidad energética, el gesto de apagar la luz puede suponer la diferencia entre poder pagar o no la energía que se consume en el hogar. Esta situación es una realidad para el 20 por ciento de la población española que se estima por debajo del umbral de la pobreza, como quedó patente durante la jornada “Pobreza energética en países desarrollados: una aproximación desde la economía”, que reunió en Comillas a expertos universitarios, investigadores, asociaciones de consumo y representantes de la Administración que buscaron respuestas a preguntas como qué es y cómo se mide la pobreza energética, y si las soluciones que se han propuesto desde diferentes ámbitos de la administración y organismos son eficaces. Como dijo Pedro Linares, Vicerrector de Internacionalización e Investigación, “tratamos este tema desde el rigor científico universitario ofreciendo los mejores diagnósticos” y sugiriendo soluciones.

Unas soluciones que pasan por la implicación de la economía. “La economía debe determinar el enfoque del problema y dar solución a los problemas energéticos”, aseveró Gonzalo Sáenz de Miera, Presidente de la Asociación Española para la Economía Energética, que organizó la jornada junto a Economics for Energy. Sáenz de Miera admitió que la pobreza energética, que se define como la incapacidad de pagar una cantidad mínima de servicios de energía para mantener unas condiciones de climatización adecuadas, tiene una visibilidad más elevada debido a la crisis, al desempleo (que hace que haya una menor renta disponible), al envejecimiento de la población y al incremento del precio de la energía.

Soluciones a corto plazo y poco eficientes

De momento, las soluciones que se han puesto en marcha desde la Administración son insuficientes. “No puede haber políticas sin indicadores y una clara definición del problema”, afirmó Jose Manuel López Rodrigo, Director del Centro de Estudios Tomillo, que conoce bien la problemática de las familias en situación de pobreza energética, ya que trabaja sobre el terreno en el barrio madrileño de Usera. López Rodrigo avisó que la pobreza energética es una consecuencia de la indigencia, en la que sobrevive en torno a un 25 por ciento de la población, aunque algunos estudios la elevan al 28, y dijo que si se hace una lectura separada de ambos tipos de pobreza “es que no se está entendiendo nada”.

Esta falta de recursos hace que haya cada vez más impagos de facturas energéticas y que las cifras de cortes de suministro se mantengan elevadas. Según los datos que maneja López Rodrigo, en 2012 en España hubo 500.000 cortes de agua y 1,4 millones de electricidad, lo que aboca a que estas personas “se desconecten del futuro, empeoren sus condiciones de vida y reduzcan su esperanza de vida, porque se pasa más frío, se come peor…”.

En este aspecto, una de las reclamaciones de la jornada se centró en solicitar normas que impidan cortes de energía, sobre todo en los meses más fríos. Las normativas en muchos países de nuestro entorno prohíben estas prácticas, como dejó patente Jesús Rincón, representante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que analizó las diferentes soluciones que se están dando en los países europeos ante las situaciones de pobreza energética. No en vano, Carmen Redondo, responsable del área de consumo en Hispacoop, reveló que el 60 por ciento de los estados miembros de la UE tienen normas específicas que impiden cortar el suministro eléctrico a los hogares en situación de vulnerabilidad.

Nuevos comercializadores

Rincón reclamó para España “fomentar la entrada de nuevos comercializadores eléctricos, lo cual mejoraría los precios, incentivar el comportamiento eficiente y medidas de eficiencia energética en las viviendas”, como ya existen en algunos países de la UE. En ello coincidieron todos los ponentes, que extendieron la petición al gas o, incluso, a internet, “porque no toda la pobreza energética se refiere a la electricidad”, como se aclaró. En esta línea, Carlos Batllé, profesor en Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI), no solo defendió la desregularización, sino que avisó que si se quiere ver cómo no se deben hacer las cosas en materia de regulación hay que mirar a España, donde todo se ha hecho mal. “No hay nada como la regulación para destrozar un buen objetivo”, sentenció, tras lo cual arremetió contra las decisiones de algunos gobiernos de dejar de apoyar las energías renovables, de las que se declaró fan.

Redondo, por su parte, denunció la falta de un marco protector para los consumidores vulnerables, de los que tampoco existe una definición clara. “Las medidas que se toman son a corto plazo y no siempre están diseñadas para ayudar a los más vulnerables. Es necesario buscar medidas a largo plazo”. Además de acciones que las administraciones deberían emprender con urgencia, también se hace necesario educar a la sociedad. En este sentido, López Rodrigo reclamó que se incorpore en la sociedad el factor “cultura energética” para modificar hábitos de consumo, y coincidió con Redondo en requerir la implantación de planes de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética de las viviendas, lo que abriría un nuevo mercado que generaría empleo.

Además, Redondo mencionó el bono social, del que criticó sus destinatarios y el hecho de que sólo lo haya para electricidad, y no para gas o Internet. En esta línea, Batllé criticó este bono, que ayuda a familias numerosas cuando muchas de ellas tienen un nivel de renta elevado, además de que “subsidiar el coste total de la energía es una aberración. Debería haber una economía más social y plantear subsidios de manera más eficiente”.



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