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Policía y Guardia Civil piden en Comillas jueces más preparados, más medios policiales y más denuncias ciudadanas

Aula Abierta 20-11-2014002La conciencia de seguridad en España es muy baja y los ciudadanos deben darse cuenta de que los ciberdelitos son reales. Ese fue uno de los avisos que representantes de la Policía Nacional y Guardia Civil dieron durante el seminario “Capacidades nacionales contra la ciberdelincuencia”, organizado por la Oficina de Antiguos Alumnos de Comillas con el patrocinio de Deloitte dentro del ciclo de conferencias Aula Abierta para la Sociedad de la Información. “Son delitos reales, no solo es cosa de películas”, aseveró Javier Jarauta, profesor del ICAI y moderador de la charla, mientras mostraba un mapamundi en el que se podían contemplar ciberataques en tiempo real, y en el que España estaba en cuarta posición del ranking.

Una de las mayores dificultades para perseguir estos delitos se encuentra en la propia ordenación jurídica. “La Ley de Enjuiciamiento Criminal en España es de 1882, es la legislación de los dinosaurios”, bromeó Ramón González, Capitán del Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Esto provoca que muchos ciberdelitos no puedan ser admitidos a trámite al no estar tipificados como delito. Por eso, “uno de los trabajos policiales es buscar razonamientos jurídicos para que el juez abra diligencias, es decir, traducimos los delitos cibernéticos para poder trasladarlos al ámbito jurídico, porque  no es fácil determinar si un ciberdelito lo es o no”, explicó Silvia Barrera, Inspectora Jefe del Grupo Operativo de las Fuentes Abiertas, perteneciente a la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional.

En este sentido, González criticó a los jueces por no tener, al menos,  conocimientos básicos de informática (“sólo me he encontrado a dos jueces que supieran realmente”), e instó al poder legislativo a “modificar muchas figuras legales” y a que la ley permita determinadas acciones policiales que ya son aceptadas en otros muchos países para luchar contra esta amenaza.

“En España los jueces no pueden autorizar la entrada remota a ordenadores para investigar ni se pueden hacer pasar por otro para hablar con los delincuentes”, puso como ejemplo González, quien se mostró alarmado porque la suplantación de identidad, reventar contraseñas WiFi o navegar gratis en redes ajenas, no están tipificadas como delito. Además, “si los datos que obtengo durante la investigación no se han adquirido de manera legal no tienen validez jurídica; por eso hay que utilizar técnicas lícitas para engañar al cibercriminal”, admitió Barrera. Pero de momento, según admitieron los ponentes, se utilizan métodos arcaicos basados en protocolos TCP-IP, direcciones IP, DNS, cookies o archivos históricos.

Otro problema, además de que muchos de los servidores que se utilizan no están en España, lo que impide en muchas ocasiones el rastreo, es la falta de personal para perseguir estos delitos. “En España tenemos unas 60 personas, cuando en países europeos como Holanda o Alemania tienen más de 400 para luchar contra los mismos delitos”, dijo Barrera. A eso se une el hecho de que “los malos”, como definió González a los ciberdelincuentes, van más avanzados que “los buenos”. “Avanzan tanto que se les pierde el hilo”, admitió mientras ponía ejemplos sobre cómo se puede llegar a controlar una webcam remotamente o qué programas se utilizan para encriptar y borrar cualquier rastro de navegación. González admitió que ahora se encuentran con un nuevo problema llamado Tor, una red paralela a Internet “donde se navega de forma anónima, de manera limpia, sin almacenar cookies, sin dejar rastro”.

Ambos ponentes animaron a los ciudadanos a denunciar más, porque sin denuncias no se puede perseguir el delito.



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