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Ramón Casero, profesor de la Facultad de Derecho (ICADE), y Bárbara Pardo de Santayana, Socia Directora de Human Capital en Ernst & Young, expusieron los enfoques técnico y práctico, respectivamente, moderados por la profesora Ana Matorras. Los expertos coincidieron en señalar la importancia de los criterios de residencia para evitar problemas de doble imposición o desimposición en la fiscalidad de los expatriados.

Ramón Casero prestó atención a los criterios que se utilizan para establecer la residencia y a las políticas fiscales de atracción de trabajadores cualificados. "La determinación del criterio de residencia es muy importante para cuantificar los tributos, ya que pueden darse supuestos de doble imposición o incluso de desimposición", advirtió. El profesor se mostró crítico con la técnica legislativa española, que no da una definición cerrada del criterio de residencia en la ley del IRPF. El Estado español sigue de forma desacertada los criterios de la OCDE, que a su vez no establece un principio único, porque la legislación de los distintos países fluctúa. "Hubiese sido mejor establecer qué se entiende por residencia habitual", señaló. Aunque en nuestro país se asocia la residencia al criterio objetivo de permanencia de 183 días en el año natural, en casos de conflicto pueden tenerse en cuenta además otras razones que permiten prueba, como la vivienda permanente, el centro de intereses vitales o la nacionalidad. En opinión de Casero, es precisamente el de la nacionalidad el criterio más acertado, siguiendo el modelo que se aplica a los funcionarios nacionales, puesto que evitaría muchos problemas, que además conducen a la pérdida de ingresos. Casero explicó también los distintos criterios de política fiscal que los países emplean para atraer a los trabajadores más cualificados. Estos regímenes diferenciados tienen tanto externalidades positivas como razones en contra pero, a su juicio, no existen problemas de equidad.

Bárbara Pardo de Santayana aportó un enfoque más práctico, presentando los problemas con los que suelen encontrarse habitualmente las empresas. "El crecimiento de los desplazamientos internacionales obliga a poner en marcha políticas de expatriación en los que la política fiscal juega un papel muy relevante", afirmó. En este sentido, la transparencia y la comunicación con el trabajador son fundamentales, aseguró, porque muchas veces la expatriación fracasa por cuestiones retributivas. Pardo presentó las distintas casuísticas y comparó las diferentes categorías, señalando las compatibilidades y las incompatibilidades de cada caso.

En el cierre de la sesión del seminario, la Directora de la cátedra, Marta Muñiz, aseguró que su intención ha sido abordar los aspectos jurídicos de la expatriación de trabajadores en materia migratoria, laboral, de la Seguridad Social, de prevención de riesgos y, en último término, tributarias. Muñiz se mostró "gratamente sorprendida" por el nivel de asistencia y la demanda de nuevos contenidos por parte de los profesionales, por lo que se mostró agradecida. "El objetivo de la cátedra es, precisamente, identificar los retos de la internacionalización en la gestión de personas y estudiar los aspectos más relevantes", afirmó. Muñiz destacó también que, desde su creación, la cátedra se ha convertido en un centro de referencia, entre otras cuestiones, por su capacidad para integrar las distintas disciplinas que afectan a la gestión internacional del talento.



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