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La Fiscal Jefe para la Lucha contra el Cibercrimen participó en el Aula Abierta para la Sociedad de la Información

Aula Abierta CIBERDELINCUENCIA 7-10-2014013

La Oficina de Antiguos Alumnos ha puesto en marcha un nuevo ciclo del  Aula Abierta para la Sociedad de la Información, patrocinada por Deloitte, que durante este curso estará dedicada a las capacidades nacionales de la lucha contra la ciberdelincuencia. En la primera sesión, la Fiscal Jefe para la Lucha contra el Cibercrimen, Elvira Tejada de la Fuente, presentó los instrumentos legales para la persecución de los ciberdelitos. Participaron también Luis Carro, Socio del Área de Riesgos Tecnológicos de Deloitte; Javier Gómez Lanz, profesor de Facultad de Derecho (ICADE), encargado de moderar la mesa, y Carmen Jiménez, Directora de la Oficina de Antiguos Alumnos, que presentó el acto. El punto de partida de la sesión, y de todo el ciclo, es el acuerdo sobre que la estrategia nacional de ciberseguridad necesita la cooperación entre el sector público, el privado y los ciudadanos

“Es muy interesante dedicar este año a la coordinación entre el ámbito público y privado en la lucha contra la ciberdelincuencia, porque entendemos que no puede ser de otra forma”, afirmó Luis Carro. La protección de empresas, organismos públicos y ciudadanos ante estos riesgos es cada vez más necesaria, “porque la tecnología está cada vez más integrada en nuestro día a día, y porque los nuevos dispositivos suponen riesgos diferentes”, añadió.

“Acaba de publicarse la Estrategia de Ciberseguridad Nacional 2013, y una de las líneas focales es fomentar la cooperación entre el sector público, las empresas y los organismos del sector privado y los ciudadanos, en el entendimiento de que estamos ante un fenómeno común y transversal”, aseguró la fiscal.

Entre los efectos negativos de la evolución tecnológica esta su incidencia en el ámbito de la delincuencia, en dos formas: la aparición de nuevas conductas criminales y la modificación de conductas delictivas tradicionales. “Se mejoran las capacidades de actuación de los delincuentes, incluso las posibilidades de garantizar su impunidad”, señaló. Esto hace que los juristas y el legislador tengan que dar respuesta a esas situaciones, “el tema es problemático por muchas razones, entre otras porque a veces no sabemos siquiera qué es la ciberdelincuencia”. No se trata de una categoría específica de delitos, sino que “estamos hablando de una forma de cometer delitos  de muy distinta naturaleza”. “No te encuentras con los mismos problemas investigando un tema de pornografía, que una estafa o un delito de terrorismo. Pero cuando además esos hechos ilícitos se producen haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a las dificultades propias de cada una de esas investigaciones se añaden otras derivadas del uso de esas tecnologías”, relató Tejada.

La fiscal no quiso olvidarse en su exposición de la especial vulnerabilidad de los ciudadanos ante este fenómeno. “En muchas ocasiones, sin pensarlo, estamos volcando información sobre nosotros en la red que nos pone en el punto de mira de los ciberdelincuentes, que están a 7.000 u 8.000 kilómetros de distancia”, advirtió.

Otro de los problemas enumerados por Tejada es la dispersión territorial de la actividad delictiva y sus efectos.  “Cuando hablamos de un delito cometido a través de la red, las más de la veces vamos a tener distintas fases en la actividad delictiva, cometidas simultánea o sucesivamente en distintos territorios, a veces más allá de nuestras fronteras, y una pluralidad de efectos que se van a producir también en un montón de lugares distintos y distantes”. La forma de reaccionar ante esas conductas, y ser eficaces, es ver la acción en su conjunto, globalmente, “lo que exige una coordinación importante de todos los operadores, tanto a nivel nacional como internacional”, dijo.

Tras la ponencia de Tejada se abrió un interesante debate entre los asistentes. Muchas de las cuestiones planteadas se seguirán resolviendo en las futuras sesiones del ciclo.

 



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