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En este expediente se discute cuál debe ser el sentido y alcance de la oposición de un acreedor en una operación de reforma estructural en la que dos sociedades de responsabilidad limitada segregan determinadas unidades económicas de sus respectivos patrimonios para transmitirlas a otra sociedad de responsabilidad limitada que, como beneficiaria, aumenta su capital. Los representantes de las sociedades implicadas afirman que los créditos están suficientemente garantizados pero el acreedor afirma lo contrario a requerimiento de las deudoras.

En relación a los dos derechos fundamentales de los acreedores, el derecho de información y el derecho de oposición, esta resolución nos muestra cómo la evolución legislativa ha oscilado ostensiblemente hacia la intensificación del primero en detrimento del segundo. Así, la regulación anterior ha quedado profundamente alterada por la Ley 1/2012 que modifica el art. 44 LME para adecuarlo a las previsiones de la Directiva 2009/109/CE y a las modificaciones que ésta lleva a cabo en el régimen europeo de fusiones y escisiones.
De acuerdo a este nuevo precepto, los acreedores que ostenten derecho de oposición pueden ejercerlo exigiendo la prestación de garantía a su satisfacción, a través del correspondiente acuerdo inter partes o de fianza solidaria por entidad de crédito, para lo que, en cambio, no se requiere su consentimiento.

La novedad estriba en que a falta de acuerdo de garantía o de prestación de fianza bancaria, el conflicto generado entre los acreedores y las sociedades involucradas en la fusión o escisión tendrá su adecuada respuesta en el ámbito judicial, pero sin perjuicio de la plena eficacia de la fusión, alcanzada mediante su inscripción en el Registro Mercantil. Queda así debidamente cumplimentado el mandato de la citada Directiva de que los acuerdos de fusión se hagan “sin perjuicio de los sistemas de protección de los intereses de los acreedores”.

Por tanto, a falta de un acuerdo entre los interesados sobre la concurrencia de las circunstancias que hacen nacer el derecho de oposición, la escisión, en este caso, es plenamente eficaz, debiendo procederse a su inscripción, sin perjuicio del derecho del acreedor a hacer constar en el Registro Mercantil el ejercicio unilateral de su derecho de oposición y a hacer valer su posición jurídica ante el juez competente de conformidad con el último apartado del art. 44 LME.

Para acceder al documento:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/07/pdfs/BOE-A-2014-11530.pdf

 

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