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Se suscita la posibilidad de inscribir determinados acuerdos sociales habida cuenta de que en el momento de la calificación consta presentado con posterioridad en el libro diario otra escritura pública de elevación de acuerdos de contenido contradictorio, así como mandamiento judicial del que resulta la impugnación de acuerdos inscritos y su suspensión cautelar. Los acuerdos sociales se refieren, en concreto, al nombramiento del consejo de administración, la disolución de la sociedad, el cese de los consejeros y el nombramiento de liquidadores respectivamente.

Así, la DGRN entiende que son tres las cuestiones que se derivan de este supuesto de hecho:
1. La aplicación del principio de prioridad temporal en el ámbito mercantil.
2. La situación de los asientos practicados y vigentes en el Registro Mercantil en relación con el auto de la Audiencia Provincial.
3. La situación que provoca la presentación de dos escrituras públicas por las que se documentan documentos sociales incompatibles entre sí.

Respecto del principio de prioridad temporal, contenido en el art. 10 RRM, la DGRN entiende que ha de ser objeto de una interpretación restrictiva, siendo doctrina asentada que el Registrador deberá tener en cuenta en su calificación no solo los documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos y relacionados con éstos, aunque se presentaran de forma posterior, examinándolos en calificación conjunta.

En relación a la trascendencia que tiene sobre los asientos practicados y vigentes en el RM el hecho de que se suspenda por la autoridad judicial la eficacia de los acuerdos sociales que se publican, la LEC prevé la posibilidad de adoptar medidas cautelares con la finalidad de asegurar el resultado de un procedimiento judicial. Expresamente, se contempla la anotación preventiva en el RM de la demanda, así como la suspensión de la eficacia de los acuerdos impugnados. Esta segunda medida cierra el RM a cualquier pretensión de inscripción de los acuerdos suspendidos o de los que de ellos traigan causa sin que ello implique una decisión sobre la validez o no de los mismos. Por tanto, no podrán tenerse por eficaces acuerdos anteriores, lo cual se manifiesta en este caso concreto en la imposibilidad de rehabilitar a los administradores anteriores, pese a la incertidumbre generada por esta situación, a la espera de una resolución judicial firme.

Por último, el Centro Directivo establece que cuando como consecuencia de la necesaria calificación conjunta de documentos presentados sucesivamente resulte que dos o más de ellos son incompatibles entre sí y fuere imposible para el Registrador conocer cuál debe prevalecer, éste deberá suspender la inscripción de sendos títulos incompatibles y remitir la cuestión relativa a la determinación de cuál sea el auténtico al juez competente.

Para acceder al documento:
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/06/pdfs/BOE-A-2014-10126.pdf

 

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